Autor: Vanesa Montes
Cuando se desarrollaba la Mesa de conversaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, en Quito o en La Habana, la apuesta clara de las partes contendientes era ir cambiando el escenario de confrontación abierta, por un tablero político que nos permitiera, como está concebido, “sacar la violencia de la política”, o sea dirimir y solucionar de otra manera las contradicciones que están en la base del conflicto.
Tras acciones militares del ELN frente a la ofensiva desatada en el Gobierno Duque, que tanto ha incrementado la campaña militar, como ha abandonado su obligación de seguir las conversaciones pactadas entre el Estado y el ELN. Algunos han concluido que nos hallamos en la vuelta fatal a una ecuación bélica, al predominio de lo militar, de la coacción aplastante de una parte sobre la otra.
No es así. Las acciones militares del ELN son solo respuestas a la ofensiva de Duque. Con ellas, no pretendemos escalar el conflicto armado interno, ni abandonar el esfuerzo por la solución política, ni mucho menos dejar de buscar la continuidad del conjunto del proceso de paz.
Revancha
Hace muchos años Konstantin Obradovic, un profesor experto en Derecho Humanitario, que participó de la elaboración de los avances normativos reflejados en los Protocolos adicionales de 1977, a los Convenios de Ginebra de 1949, hizo unas preguntas: ¿Cuál es la situación más crítica en que un ser humano se puede encontrar en una guerra? ¿En qué contexto está más expuesto a no ser protegido por nadie?
La respuesta fue: cuando esa persona hace supuestamente parte del bando que previamente se ha satanizado o señalado de ser responsable de algún crimen o cadena de crímenes, que han enfurecido no sólo a su oponente sino a muchísima gente, quienes compartirían entonces que a ese individuo integrante de ese “ejército de desalmados” se le trate de la peor manera posible. Que se le castigue en nombre de las víctimas del otro bando; que se le someta por lo que otros de su tribu hicieron. Esto se llama Represalias, las que están prohibidas en el derecho de la guerra, en tanto sólo pueden ser entre combatientes y con sujeción a estrictas normas.
A pocas horas del ataque del 17 de enero contra el cuartel de la Policía en la capital colombiana, hubo quienes interpretaron dicha operación guerrillera como venganza o revancha por la ofensiva estatal. No fue así, ni puede nunca caracterizarse lo sucedido como un desquite del ELN , al no estar ninguna de las partes comprometida ahora a un cese al fuego.
Castigos
A menos de 48 horas del mencionado ataque, el Estado colombiano, emprendió una acción de castigo contra presos políticos del ELN, quienes no tienen que ver con acción militar alguna. La maquinaria estatal de prisiones, efectuó traslados indebidos y sancionatorios de dichos prisioneros políticos, quienes estaban cobijados por medidas especiales en la llamada Zona Técnica en el establecimiento carcelario de Bellavista, en Medellín.
Dicha Zona Técnica había funcionado, desde los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), como espacio de encuentro de la sociedad con presos del ELN, para la exploración de la negociación del conflicto, contando con la participación de embajadores, organismos internacionales, políticos, artistas, movimientos populares y líderes sociales.
Seis presos políticos del ELN que se hallaban allí fueron arbitraria e injustamente trasladados el 19 de enero, a cárceles de castigo, aún más tétricas como las de Valledupar o Cómbita en Boyacá, con notable desmejora en las condiciones de reclusión.
Igualmente en la cárcel de Cúcuta, el mismo día 17 y el 18 de enero, el aparato represivo a través de miembros del llamado “Comando de Reacción Inmediata”, del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), que incursionó de manera violenta, robando y saqueando elementos como electrodomésticos, que los presos tienen derecho a poseer, así como alimentos y variados utensilios. Requisa hecha sin ninguna justificación ni procedimiento legal de decomiso.
De igual modo en estas dos semanas han procedido contra otros colectivos de presos políticos del ELN en diferentes cárceles. La resistencia a su interior, la solidaridad y la alerta que se hace por la población reclusa, tanto de presos políticos como de los presos sociales, ha impedido nuevas y peores retaliaciones.
Acallar la crítica es censura
El Estado colombiano y antenas suyas, han ejercido la censura, ya no sólo impidiendo que el ELN mantenga abiertas sus cuentas en las Redes Sociales, para informar a Colombia y el mundo, sino bloqueando que ciudadanos de todo el mundo sepan qué ha pasado, y cuenten con las explicaciones del ELN sobre hechos de diferentes alcances, pudiendo rebatirlas, controvertir versiones, acompañar propuestas, etc.
Esta práctica se enmarca también en un método e intención de represalias contra quienes no combaten, sino que hacen parte del espectro político y comunicacional en las redes sociales, sean más activos o no en ellas, para ejercer así el poder de escarmiento contra un amplio público atentando contra objetos o bienes civiles.
El régimen saca provecho de las ventajas que le da aplicar sus herramientas punitivas y aplacar las voces disidentes, o que simplemente se atreven a atender flujos de mensajes o a intervenir e informarse en el devenir político de un proceso de paz, en este momento truncado por la decisión del Presidente Duque.
Cacería penal
Para terminar. ¿No es acaso ésta la revancha que busca por doquier no sólo guerrilleros para aniquilar y ofrecerlos como trofeo, sino algo que se le parezca, lo que mueve al actual Gobierno, en su afán de atentar contra los países Garantes y contra la Delegación de Diálogos del ELN en La Habana?
Esto es deducido de ver cómo desprecia el Protocolo de Ruptura y el retorno a Colombia de la Delegación del ELN, y reactiva órdenes de captura contra quienes han sido la contraparte política en una Mesa de conversaciones.
Con la persecución penal extraterritorial, y con la “cacería de brujas” de personas ajenas al ELN -como está ocurriendo en Bogotá y Arauca-, quienes están siendo procesadas bajo montajes judiciales, en una avidez por infligir represalias contrarias al derecho humanitario.
Moraleja
La acción del 17 de enero puede ser criticable, pero ello no puede convertirse en justificación para abandonar el camino del diálogo y la búsqueda de una solución política del conflicto armado interno.
Tampoco mejora la imagen de la élite gobernante, tomar acciones militares guerrilleras, como excusa para echar al cesto de la basura Acuerdos de Paz firmados como Estado, delante de países Garantes.
