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La voluntad estatal mantiene el paramilitarismo

Escrito por Organizaciones Sociales

 

La Mesa Nacional de Garantías conformada por la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (CCEEU), la Alianza de organizaciones sociales y afines, y la Plataforma DESC; más las Organizaciones que hacen parte de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica y un gran número de organizaciones sociales de carácter regional, acaban de publicar un completo Informe de 20 páginas, llamado “Persistencia del paramilitarismo y falta de voluntad estatal para su judicialización y desmantelamiento”[1], que tiene 8 capítulos:

 

* postura del Estado frente al fenómeno paramilitar

* naturaleza actual del paramilitarismo

* estado actual del paramilitarismo en Colombia

* el paramilitarismo como principal obstáculo para la restitución de tierras

* el paramilitarismo como política de Estado

* la impunidad de los actores, promotores y financiadores del paramilitarismo

* el proyecto de ley de sujeción a la justicia de los paramilitares no facilita su sometimiento

* solicitudes y compromisos esperados.

 

Los autores concluyen su Informe, diciendo:

 

Con base en recomendaciones que han formulado organismos internacionales (Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, MAPP-OEA y la Misión de Verificación presentadas por el Secretario General de las Naciones Unidas), que se han ocupado recientemente de los impactos de la presencia y dinámica paramilitar en distintas regiones del país, nos permitimos formular las siguientes recomendaciones, para avanzar en el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y sus conductas criminales”:

 

  1. Reconocimiento, respaldo y legitimidad de los instrumentos de autoprotección, como las Guardias indígenas y cimarronas, y promover el reconocimiento de los campesinos como sujeto de derechos en la Constitución.

 

  1. El Estado debe priorizar los cambios estructurales en las zonas rurales, particularmente en aquellas más afectadas por el conflicto. Debe empoderar la administración local y la justicia e implementar las medidas acordadas sobre esta materia, en el proceso de negociación con las FARC. Ello implica un monitoreo para garantizar el uso eficiente y efectivo de los recursos y resultados e impactos en materia de política pública.

 

  1. El Gobierno nacional debe poner en marcha los programas y mecanismos contenidos en el Acuerdo Final para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares, en especial las relacionadas con la tipificación penal del delito de paramilitarismo, el cuerpo elite de la Policía Nacional, y las medidas de lucha contra la corrupción, que permitan el compromiso de los gobiernos locales combatir estos grupos locales.

 

  1. La Procuraduría General de la Nación y otros órganos de control deben investigar y establecer medidas de seguimiento y adoptar las medidas administrativas y disciplinarias por las demoras en la implementación del Acuerdo Final. Deben sancionar los funcionarios que profieran estigmatizaciones a líderes y movimientos sociales, e investigar y sancionar partidos políticos, que hayan dado aval a candidatos o familiares incursos en investigaciones por vínculos con el paramilitarismo

 

  1. El Estado debe implementar las medidas que permitan corregir los aspectos del sistema integral de justicia transicionaly que no se ajustan a las normas internacionales [2]. Esto implica que la Unidad de Desmonte del Paramilitarismo de la Fiscalía General de la Nación investigue a terceros, funcionarios estatales no armados y responsabilidad de superiores militares de la Fuerza Pública que pudieran estar implicados en actividades de promoción o complicidad con los crímenes perpetrados por los paramilitares u otras graves violaciones a los derechos humanos, e informe periódicamente a la Comisión de Garantías y Seguridad.

 

  1. El Gobierno nacional debe implementar íntegramente y de manera pronta los compromisos frente a su política con relación a los cultivos de uso ilícito, con cambios estructurales que permitan que los campesinos se puedan integrar plenamente a la economía legal en el largo plazo.

 

  1. La Fiscalía General de la Nación debe hacer pública la información relacionada con los casos resueltos correspondientes a los ataques a líderes y defensores de DDHHy su sistematicidad, para así esclarecer los móviles que permitan alcanzar a quienes se benefician con este tipo de crímenes.

 

  1. Los funcionarios estatales que presiden la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad (CNGS) deben mostrar voluntad en liderar medidas para atacar los factores que han permitido y propiciado la proliferación del fenómeno paramilitar, sus decisiones deben traducirse en acciones coordinadas y eficaces para desmantelar dichas estructuras y sus apoyos en el ámbito empresarial, político y militar.

 

  1. La Fiscalía General de la Nación debe acelerar las investigaciones contra terceros financiadores del paramilitarismo, miembros de la Fuerza Pública favorecedores del paramilitarismo y funcionarios públicos, no armados que actuaron con colaboración o encubrimiento de estos grupos, incluidos todos quienes fueron objeto de compulsas de copias en el marco del proceso de la Ley 975. Así mismo,debe investigar determinadores, autores intelectuales y beneficiarios de los crímenes por los asesinatos a líderes sociales, correlacionando los móviles y esclareciendo los distintos planes, que están detrás de su persecución y exterminio.

 

  1. El Gobierno nacional debe establecer mecanismos de depuración de los miembros de las Fuerzas Armadasvinculados con hechos de paramilitarismo y graves violaciones a los derechos humanos y someter a debate público la discusión de la doctrina de seguridad nacional, la transformación de la fuerza pública y los manuales contrainsurgente. De la misma manera debe hacer públicos los archivos de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado y otras instituciones involucradas en el conflicto colombiano.

 

  1. La Unidad Nacional de Protección debe impedir que las personas que realizan labores de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos hayan desempeñado labores en entidades de la Fuerza Pública.

 

  1. El Gobierno nacional debe retirar el proyecto de ley 198/18 de sometimiento radicado en la actual legislatura en el Congreso de la República y llamar a que sea la CGNS quien en cumplimiento de su mandato y con una amplia consulta a la sociedad, víctimas y organizaciones de derechos humanos, elabore nueva propuesta de sometimiento que recoja, entrega de rutas, bienes, verdad sobre financiadores, promotores, entrenadores, proveedores con el objeto degarantizar el desmonte completo de organizaciones de fachada y que contemple la entrega de bienes para reparar a las víctimas a cambio de beneficios que faciliten el sometimiento.

 

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Notas

[1] https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2018/04/Persistencia-y-Falta-de-Voluntad-para-Desmantelar-Paramilitarismo.pdf

[2] Naciones Unidas. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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