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Cese al fuego bilateral contra la población civil

Escrito por Veeduría Social

El pasado 28 de noviembre, un grupo de organizaciones sociales presento el primer informe de situación de Derechos Humanos 50 días del cese bilateral y temporal de carácter nacional Gobierno y Ejército de Liberación Nacional ELN. Presentamos un resumen ejecutivo del informe de 35 páginas.

 

Las diferentes comunidades, organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y paz que presentamos el informe titulado “Que cese el fuego contra la población civil” nos auto convocamos para desarrollar una acción ciudadana de veeduría al desarrollo de Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional CFBTN, acordado por el Gobierno Nacional y el ELN el pasado 4 de septiembre; y hacer seguimiento a los compromisos establecidos entre las partes de los cuales fueron informados de manera conjunta a la opinión pública. En este destacamos las bondades de dicho y reconocemos que es fundamental para la confianza entre las partes, la estabilidad del proceso de diálogo y ante todo para garantizar el proceso de participación de las comunidades y organizaciones sociales en la construcción de la paz de Colombia.

 

Para este informe que tiene como marco los primeros 50 días del CFBTN constatamos y resaltamos que se ha disminuido la intensidad del conflicto armado por cuanto no se han presentado confrontaciones armadas entre las fuerzas militares del Estado y la guerrilla del ELN.

 

Sin embargo, vemos con preocupación que el objetivo primordial de CFBTN en tanto mejorar la situación humanitaria de la población no se ha cumplido. Ante esto hacemos especial observación sobre 4 temas que consideramos importantes para el movimiento social colombianos: a) Las violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal como violencia sociopolítica; b) La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Líderes y lideresas sociales; c) El tratamiento de la protesta social; d) Crisis en sistema carcelario y afectaciones directas a la vida e integridad de las personas privadas de la libertad; e) La continuidad del paramilitarismo.

 

Sobre esto, del 01 de octubre al 20 de noviembre registramos un total de unas 299 individuales, de los cuales 45 son homicidios, 96 son personas heridas, 35 víctimas de amenazas individuales y 25 colectivos amenazados. La mayoría de las victimas pertenecen a pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, y los departamentos más afectados en su orden son: Nariño, Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó. De acuerdo con las denuncias recopiladas en el presente informe, se les atribuye a los agentes del Estado la presunta responsabilidad en el 73% de la víctimas, autores desconocidos 17%, paramilitares el 8% y el ELN 1%.

 

También se registraron hechos muy graves de agresiones contra la población carcelaria siendo el más relevante es el ocurrido en el Complejo Carcelario y Metropolitano de Bogotá, La Picota con más de 70 heridos. Así mismo evidenciamos la situación contra los excombatientes de las FARC que se encuentran en un estado de desprotección.

 

Ante este panorama y reconociendo el esfuerzo invaluable en evitar confrontaciones armadas entre sí, sabemos que el cese al fuego y hostilidades pactado entre el ELN y el Gobierno –el cual al responder al clamor, exigencia y reinvindicaciones del movimiento social y de la sociedad en su conjunto-, puede tener un mayor impacto si se fortalece su propósito primordial de mejorar la situación humanitaria de la población, ello incluye que las partes desarrollen el acuerdo desde una visión amplia y no restringida de los objetivos de CFBTN. Así mismo que se modifique la doctrina represiva del Estado a la protesta social, se generen acciones concretas de lucha contra el paramilitarismo y se fortalezcan las políticas y compromisos del gobierno en materia de protección eficaz y garantías al movimiento social –incluyendo a los presos políticos- para el ejercicio de sus derechos.

 

Por ultimo en nuestro compromiso con la construcción de la paz social recomendamos al gobierno de Colombia y al ELN estudiar la posibilidad de fortalecer y prorrogar el CFBTN, comprometerse en respetar y proteger a la población civil de cualquier acción que pueda afectar sus derechos, teniendo como marco referencial el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario especialmente sobre el principio de distinción a la población civil evitando cualquier tipo de estigmatización y señalamiento que ponga en riesgo su vida e integridad.

 

Llamamos al Estado de Colombia a dar cumplimiento a lo pactado en el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC, especialmente en lo relacionado con las garantías y lucha contra el paramilitarismo; asumir su responsabilidad por la acción y omisión de sus agentes en las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH y adelantar prontamente las investigaciones, sanciones y depuración de las instituciones; respetar la consulta de las comunidades campesinas, negras e indígenas en relación con la política de cultivos de uso ilícito y los demás temas que les afecten y adoptar medidas urgentes que afronten la grave situacion humanitaria en las cárceles, habilitando mecanismos especiales que investiguen las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a la población privada de la libertad adoptando las medidas concertadas con la población carcelaria que permitan proteger sus vidas especialmente la de los presos políticos del ELN.

 

 

Bogotá, Colombia. 28 de noviembre de 2017

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