youtube.com/1964eln,
@eln_voces

vocesdecolombia@eln-voces.com
tu_voz@eln-voces.com

El Tren de la Jurisdicción Especial para la Paz

Escrito por Lucía Serrano

La jurisdicción especial para la paz (JEP) es fruto de la disputa política entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Así mismo se ha presentado como un balance entre el componente de Verdad y el de Justicia (para evitar el encarcelamiento), propio de cualquier proceso de paz. En esta disputa no solo los guerrilleros -que son quienes negocian con el Estado- recibirán este beneficio, la oligarquía, como siempre jugando sucio, hace de esta jurisdicción, el tren directo a la impunidad en el que se monten todos los responsables de sus crímenes.

Uno de los mayores reclamos de la ONG Human Right Watch a la JEP, es que esta tiene altos niveles de impunidad a costa de la verdad. Se refirió en varias ocasiones al tipo de responsabilidad penal que abría esta jurisdicción para los agentes del Estado.  A estas denuncias se le suma otra intención de la oligarquía: juzgar delitos relacionados con la corrupción, el clientelismo y la parapolítica bajo este nuevo marco jurídico.  

Como lo dijo el general Jaime Ruiz Barrera, la Jurisdicción especial para la paz "Es la mejor opción porque nos garantiza un blindaje hacia el futuro. Si nos acogemos a la justicia ordinaria  qué garantías podemos tener por más que quede como norma al más alto nivel y entre al bloque de constitucionalidad”.  Según  este acuerdo de Justicia, en el caso de los Agentes del Estado que accedan al sistema procediendo de manera voluntaria a contar la verdad sobre delitos cometidos, se aplicarán sanciones entre 5 a 8 años y se otorgará la libertad condicional inmediata para quienes, al momento del proceso, ya hayan cumplido cinco años con privación efectiva de la libertad.

En el caso de los Agentes del Estado existe un tratamiento diferenciado llamado “renuncia a la persecución penal”,  lo que significa que se extingue la acción, responsabilidad y sanción penal para los implicados. Es decir, que las personas condenadas por estos delitos al confesarlos quedan exoneradas de la responsabilidad del mismo, y una vez cumplida su sanción podrán continuar con un historial limpio dentro de instituciones del Estado colombiano. Esta herramienta elimina entonces,  la responsabilidad del Estado como agente promotor y perpetrador de la guerra, encarnándola en agentes específicos del Estado “que se desviaron de su actuación como garantes de derechos” y no en el Estado mismo que ha utilizado una estrategia sistemática para la eliminación del pensamiento disidente en el país.

No contentos con esta oportunidad para incluir los crímenes cometidos por las Fuerzas Militares en esta jurisdicción, ahora la clase política ha sacado a relucir la relación que con el conflicto armado tienen episodios desagradables para el país como la parapolítica y la yidispolítica. No bastó el proceso de Justicia y Paz que con un amplio margen de impunidad permitió la persistencia del paramilitarismo en la sociedad colombiana y por supuesto en la clase dirigente, para querer incluir las faltas graves del régimen en los acuerdos de la Habana.

La yidis-política que en su momento fue un escándalo nacional donde se demostró como las instituciones son utilizadas en favor de un sector político específico, en este caso la utilización del Congreso de la República para abrir la posibilidad de reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, ahora se presenta como un episodio relacionado con el conflicto armado que debe ser juzgado bajo la JEP, lo que significaría que los implicados podrían acceder a penas menores (5-8 años) y alternativas a las contempladas en la justicia ordinaria por el delito de Concierto para Delinquir Agravado.

No es claro para los y las colombianas como es que la corrupción, el clientelismo y la malversación de fondos en las instituciones “democráticas” adquieren de repente un carácter político, cuando no son más que delitos comunes cometidos por quiénes se supone, deben garantizar los derechos de la sociedad.

Lo mismo sucede con la parapolítica. Después de que la oligarquía durante años ha tratado de esconder la relación de las instituciones con el paramilitarismo - relación que pervive en la actualidad- , ahora pretende aceptarla tajantemente con el fin de incluirla en la jurisdicción y ganar penas alternativas por conductas altamente repudiables por la sociedad colombiana. Es así que congresistas con investigaciones abiertas en la actualidad por parapolítica, que de comprobarse su relación podrían pagar de 20 a 40 años de cárcel,  buscan someterse a esta normativa para recibir penas menores y alternativas.

Lo que se evidencia en estas conductas es el miedo que tiene la oligarquía a su propia crisis de gobernabilidad. El desfalco y la mentira a los colombianos ha sido tan grande que poco a poco la verdad sale a la luz, desmoronando su legitimidad en múltiples niveles, por lo que el régimen tiene que buscar mecanismos que le permitan esconder sus crímenes para permanecer en el poder. Lo irónico de esta situación, es que el conflicto armado que la oligarquía se negó a reconocer bajo la idea de que en Colombia no había mas que una amenaza terrorista, ahora le sirve para justificar como “políticos” sus delitos.

También es irónico que se quiera politizar la corrupción en el marco del conflicto, pero a las discusiones sobre las transformaciones que necesita el país, el cambio de la doctrina militar y la discusión sobre el modelo económico se les quite su carácter político, aduciendo que son discusiones que “afectan la esencia misma de la democracia colombiana y que no están ligadas al conflicto”.

En definitiva, para el Estado colombiano es político lo que en tiempos de solución política le conviene a la clase que lo dirige, haciendo todo lo que esté a su alcance para limpiar su nombre a costa de la justicia, mientras sigue señalando como lineas rojas las reivindicaciones del pueblo; ese es el carácter de la “democracia hecha en Colombia”.

Por ello es urgente que las mayorias comprendan que solo con su lucha y participación protagónica en el Proceso de Paz, se podrán abrir las compuertas, que superen los lastres de impunidad dentro de los que se cubre la clase gobernante.

Categoría: