youtube.com/1964eln,
@eln_voces

vocesdecolombia@eln-voces.com
tu_voz@eln-voces.com

El Tren de la Paz que NO Frena la Locomotora

Escrito por Gabriel Antonio Gaitán

Si bien en Colombia tenemos la mala costumbre de no sorprendernos ante la realidad que vivimos, el momento por el que atraviesa el país exige mayor responsabilidad por parte de todos. Si en realidad los colombianos estamos dispuestos a superar el conflicto armado y construir una futura paz, debemos exigir las transformaciones que sean necesarias para tal fin.

Es inadmisible que mientras el presidente Santos realiza una gira de paz con altos funcionarios de los gobiernos europeos y el secretario de las Naciones Unidas; publicitando los Acuerdos de La Habana para atraer el capital extranjero y aumentar la confianza inversionista, en el tan mentado posconflicto, el territorio nacional y sus comunidades sigan siendo víctimas del saqueo, explotación y atropellos, por parte de las compañías multinacionales, como fue el caso de la campesina Máxima Acuña, quien debió ser hospitalizada luego que funcionarios de la minera Yanacocha la golpearan y destruyeran sus cultivos, sin razón alguna.

La explotación voraz de los recursos naturales, mantenido a sangre y fuego por el capitalismo, por medio de la mega minería extractivista, es el modelo de un supuesto desarrollo impuesto en Colombia, para incrementar la riqueza de transnacionales y conglomerados financieros, a costa de destruir ecosistemas, contaminar las aguas, agotar reservas, desplazar o asesinar comunidades enteras; con lo que desencadenan una crisis socio-económica, cultural y ambiental, que debemos frenar.

De los más de 111 millones de hectáreas de suelos del territorio colombiano, 42 millones de ellas, están en manos de casi treinta corporaciones multinacionales. El 59 por ciento del territorio colombiano está otorgado en concesión o tiene solicitudes pendientes. Gracias a la locomotora minero-energética del gobierno de Santos, existen 9.594 Títulos Mineros vigentes, que suman 5.084.084 hectáreas; de los que solamente la minería en los páramos -surtidores de agua potable-, suma más de 78 mil hectáreas.

Lo peor de todo es que este panorama está lejos de cambiar y por el contrario tiende a empeorar; la multiplicación de los Batallones Energéticos Viales del Ejercito tienen como misión controlar el territorio y garantizar el funcionamiento de hidroeléctricas, petroleras y mineras; militarización que junto a las Declaratorias de Utilidad Publica configuran una violenta política de expropiación de territorios, donde las comunidades quedan despojadas de autoridad civil alguna y a merced de las transnacionales.

Estas trampas a la democracia y a la soberanía deben ser superadas en un escenario de posacuerdos. La paz requiere de transformaciones en el modelo de desarrollo. Es urgente detener la política extractivista impulsada por el régimen, lo que se ha convertido en el mayor factor generador de violencia para los colombianos.

La construcción de una nueva política minero energética de soberanía nacional y democracia, que contribuya a la paz con justicia social, al respeto a naturaleza, la redistribución de la riqueza y por el bienestar de las mayorías nacionales; no es solamente tarea de las comunidades directamente afectadas, de los ambientalistas o de los trabajadores del sector minero-energético. Es deber de todos los colombianos sumarnos a esta lucha, pues solo la fuerza social que logremos acumular las fuerzas del cambio, pondrá fin a la voracidad extractivista del gran capital.

Categoría: