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La Salud en Colombia: Una Enferma Terminal

Escrito por Gabriel Antonio Gaitán

Las quiebras de las Empresas Promotoras de Salud (EPS)

Luego de casi cuatro años de una Fiscalía haciéndose la ciega, sorda y muda, por fin se empieza a mover la investigación en contra de Carlos Palacino (quien disfruta de su botín en Estados Unidos), por la quiebra de la EPS Salucoop y el robo de recursos y la apropiación de más de 1,4 billones de pesos. Es claro que el exfiscal Montealegre se hizo el pendejo, porque no podía ser juez y parte de esos delitos.

Sin embargo los problemas del sector salud son mucho más graves, tanto en el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, como en la concepción de ésta como servicio que genera ganancias y no como un derecho fundamental de los colombianos.

El robo y despilfarro a las arcas públicas en Salucoop no se frenó con la interventoría por parte de la Superintendencia de Salud, en cabeza de Guillermo Grosso, quien al llegar a Saluccop disparó el derroche de recursos en gastos suntuarios, beneficios personales y familiares, ostentosas parrandas, desvíos de dineros y nóminas paralelas. Así, la cura resultó peor que la enfermedad.

Cuando se liquida a Salucoop, miles de empleados sin responsabilidad alguna en la corrupción fueron despedidos sin siquiera recibir su último sueldo, mientras que a los funcionarios administrativos cercanos a su círculo directivo se hicieron merecedores a cuantiosas indemnizaciones.

La atención de los 5,3 millones de afiliados de Salucoop, se traspasó a Cafesalud, que sólo atendía a 1,2 millones de afiliados. Ese traslado se hizo sin aumentar la infraestructura ni las nóminas. Por tanto, si antes la atención era muy deficiente, ahora es un completo caos, tanto que se convierte en masacre.

El problema es que la desatención en salud es un crimen, porque la gente se muere, por la irresponsabilidad de los empresarios inescrupulosos y del Estado que cohonesta con esos negociados. Mientras los pícaros se enriquecen, al pueblo trabajador lo siguen matando en las puertas de las clínicas, al aplicarle el paseo de la muerte.

Con el mayor descaro, Guillermo Grosso pasó de ser el interventor de Salucoop a presidente de Cafesalud, llevando consigo a sus más cercanos compinches y toda la cadena de acciones delictivas. Esto contó con la venia de altos funcionarios y políticos entre ellos el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, el súper intendente de salud Norman Julio Muñoz y el senador de la U Roy Barreras.

Ante la incapacidad de Cafesalud para responder por sus obligaciones, ahora se plantea liquidarla, sin brindar ningún tipo de alternativa a los 6,5 millones de usuarios ni al resto del agonizante pueblo.

¿Cuándo será que la parapléjica justicia alcanzará a estos criminales que trafican con la salud?

 

La privatización de la salud

El invento de las EPS fue uno de los tantos golpes asestados al país por parte del senador Álvaro Uribe Vélez; con la vergonzosa ley 100 de 1993. Con la excusa de pretender mejorar el funcionamiento, calidad y atención de los establecimientos médicos públicos, se entregó la salud de los colombianos a las manos privadas, quebrando los hospitales públicos. En los gobiernos de Álvaro Uribe, la salud quedó en manos de testaferros de los narcoparamilitares.

El Estado se limitó a consignar los aportes económicos por cada ciudadano afiliado, a los establecimientos privados, sin ningún seguimiento ni control a la atención prestada.

De esta manera las EPS se convirtieron en una captadora de recursos con millones de afiliados, pero sin que los multimillonarios aportes se vieran reflejados en la atención, calidad de los tratamientos o acceso a los medicamentos.

La salud se convirtió en un negocio muy rentable, que concentra una cartera de servicios de cerca de 14 billones de pesos, el doble de Isagen. Pese a que hoy la Superintencia Nacional de Salud ordenó medida de vigilancia especial a otras 13 EPS, la corrupción es sólo una, de las más graves enfermedades de la salud colombiana.

Es la visión neoliberal, que elimina la responsabilidad del Estado para garantizarle a las y los colombianos todos los derechos fundamentales como la salud, y, la convierte en un servicio con fines de lucro. Así, la salud queda en estado terminal.

El gobierno de Santos sancionó la Ley Estatutaria de la Salud en febrero de 2015, con grandes promesas de cambio estructural en el derecho a la salud. Pero luego de un año largo esto no fue más que un anuncio rimbombante sin efectos reales.

El POS (Plan Obligatorio de Salud) sigue siendo la excusa perfecta de los empresarios para maximizar sus ganancias a causa de la muerte de los colombianos, ya que los tratamientos interrumpidos, el ibuprofeno como receta mágica ante cualquier enfermedad, la demora en los tiempos de atención y citas médicas, el paseo de la muerte, la restricción en los medicamentos y sus altos costos siguen siendo el diario morir de los afiliados a las EPS.

Ante este crítico panorama no queda más que la resistencia y la organización popular, no sólo de los trabajadores del sector salud, sino de todo el pueblo. Es el momento de inundar las calles, con la indignación de todos los colombianos, para frenar la muerte por la codicia de unos pocos y exigir la salud como derecho fundamental.

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