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Frontera: Continúa la Crisis Económica y Humanitaria

Escrito por J. Velasco

3 fosas comunes con un total de 12 cuerpos, es uno de los últimos hallazgos en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela, más exactamente en el municipio Pedro María Ureña. Las hipótesis de rigor no se han hecho esperar, lo mismo que los pronunciamientos oficiales entre los que no podía faltar el de la canciller María Ángela Holguín, (ahora refuerzo gubernamental en la mesa de diálogos de La Habana); tratando de explicar someramente la razón del incremento en la tasa de homicidios de las estadísticas de mayo. Lo último es el secuestro de una niña de 11 años, hija de Diego Mora, el director de la Unidad Nacional de Protección, que ha generado un gran revuelo de las autoridades.

Este no es un fenómeno nuevo, pues Cúcuta vive una incesante crisis humanitaria, fruto de la dramática situación de desigualdad social y de pobreza, que son los ingredientes perfectos para que surjan expresiones de violencia de diverso tipo, muchas de ellas auspiciadas desde los mismos organismos de seguridad como la policía y el ejército que no han renunciado a su papel de agenciadores del terrorismo de Estado en sus diversas formas.

 

La toma de Cúcuta

En 1999, de la mano de la policía y del ejército, penetraron a la ciudad y al departamento las bandas narcoparamilitares de Mancuso y Carlos Castaño, con el propósito de aniquilar el movimiento social, para tratar de debilitar a la insurgencia guerrillera. Desde entonces no han cesado las masacres, el desplazamiento, los sicariatos selectivos, el crecimiento del narcotráfico, el contrabando y el expendio de drogas en los barrios de la ciudad, lo mismo que el apropiamiento de varios de los principales renglones económicos de la región.

Ya no es confidencial que en sectores de la construcción, del transporte, del comercio, de los juegos como el chance, los casinos, los hoteles, las discotecas, los supermercados, entre otros, están nuevamente los tentáculos de los mafiosos, aliados con sectores tradicionales de la politiquería, los gremios y el gran comercio.

En el 2004 se dio la falsa “desmovilización” de esos grupos y su reestructuración hacia un paramilitarismo más urbano, que sin dejar de ser funcional al modelo neoliberal y a la política contrainsurgente del Estado, sigue controlando sectores de la economía legal e ilegal, que para el caso de Cúcuta, han estado orientadas al lucro generado de la volatilidad de la moneda en el país vecino, el contrabando, el tráfico de drogas, la prostitución.

 

La confrontación entre paracos

La última década se ha caracterizado por una abierta disputa entre los grupos narcoparamilitares por el control de la ciudad, donde han muerto cientos de personas y se han dado distintos momentos de recambio en la geografía del crimen, pero donde los centros de poder siguen sin ser afectados en dicha confrontación y como siempre el desangrado es el pueblo.

La fiscalía por ejemplo ha basado su estrategia contra las Bacrim en la identificación, judicialización y captura de los miembros de estas bandas y ello ha llevado a un importante crecimiento en las estadísticas de arrestos e incluso de muerte, que manejan el mismo ente investigador y la policía, pero ¿el fenómeno ha mermado? Por el contrario se nutre cada día más de la pobreza y de la sin salida en la que se siente mucha gente, especialmente nuestra juventud.

Valdría la pena preguntar, ¿Dónde están las inmensas fortunas que ha amasado el narcoparamilitarsmo?, ¿Dónde están, si no es en el mismo circuito económico de la ciudad, de la región y del país?, ¿Cuándo se conocerán a fondo sus vínculos con el establecimiento, con la clase dirigente, los empresarios y los gremios?

 

El paramilitarismo también contra Venezuela

Debido a la grave depreciación del Bolívar con respecto al Peso, ya no es rentable a los venezolanos venir de compras a Cúcuta, por eso ha quebrado toda la economía productiva.

Lo único rentable para los cucuteños es traer contrabando de Venezuela, porque toda la canasta de consumo familiar está fuertemente subsidiada por el gobierno, que tiene el petróleo más barato del mundo; pero el gran contrabando que desangra la economía venezolana, está controlada por las grandes mafias del narcoparamilitarismo de ambos lados de la frontera y al pueblo raso sólo le queda el recurso del contrabando minorista (que llaman bachaqueo), que es objeto de fuertes medidas represivas por las autoridades de ambos países.

Santos ya ha anunciado en varias ocasiones que el tema de seguridad en el nuevo periodo estará enfocado primordialmente a mejorar los índices de seguridad urbana y para eso divulgan la reestructuración de estrategias como “corazón verde”, la instalación de cientos de cámaras de video y el aumento del pie de fuerza en varias ciudades del país entre otras medidas, todas de tipo represivo y policiaco, que no configura una solución real a los problemas estructurales de la frontera.

El paramilitarismo sigue activo, manteniendo una gran influencia a diferentes niveles de la región fronteriza, evidenciando intereses económicos, políticos, sociales y militares, que implican la presencia de estos grupos en los dos territorios.

Es abierto el vínculo del paramilitarismo colombiano con la oposición venezolana, para derrocar al presidente Maduro. En Cúcuta, el ex presidente Uribe, constantemente está realizando reuniones con los jefes opositores, para rediseñar los planes terroristas contra la Revolución Bolivariana. Para agudizar el sabotaje económico, los paracos controlan el gran contrabando de extracción. Para catalogar a Venezuela como una narcorrepública, los paracos inunda a ese país con los narcóticos producidos en Colombia. Para generar el caos institucional y la zozobra social, los paracos activan sus bandas armadas, cometiendo asesinatos masivos y selectivos contra la población y los sectores chavistas, atacan la fuerza pública y actúan contra las entidades gubernamentales.

El narcoparamilitarismo hace parte de las fuerzas de intervención imperialista contra Venezuela.

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