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La Venta de Isagen: Un Asalto a la Economía y Soberanía Nacional

Escrito por Hilda Gaitán

La venta de ISAGEN impulsada por el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas ha generado gran controversia, ya que representa una decisión de envergadura para el destino de la economía y la soberanía nacional.

El Consejo de Estado acaba de negar el recurso de súplica para revocar la decisión de frenar la venta del 57,61 por ciento que la nación tiene en ISAGEN. Sin embargo este recurso no preocupa a los empresarios interesados en ISAGEN, ni al gobierno; simplemente se está postergando el tiempo de venta de la misma.

 

Matando la gallina de los huevos de oro

ISAGEN es la segunda empresa en generación y comercialización de energía eléctrica del país, después de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), ofrece servicios públicos y es de carácter mixto nacional, se encuentra vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Es considerada patrimonio ambiental por contar con una extensión de 23.000 hectáreas de bosques y espejos de agua.

Su aporte a la economía nacional es de gran importancia, en tanto representó utilidades en el 2014 de 436.583 millones de pesos y a pesar de algunas dificultades, proyecta un incremento del 51 por ciento en su utilidad para el presente año.

En el marco de una poco nombrada crisis económica por la que atraviesa el país, resultado de la baja en los precios del petróleo y de la disminución de la inversión extranjera, el gobierno nacional ha planteado la venta de ISAGEN, como si fuera la única alternativa para impulsar la construcción de la infraestructura vial, denominada de Cuarta Generación (4G), contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. Este ambicioso mega proyecto vial, requiere de un gasto aproximado de $47 billones de pesos, pero la venta de ISAGEN sólo reportará cerca del 12 por ciento.

 

Privatización energética y vial

El intento de venta se viene haciendo a través de una subasta, entre las compradoras preseleccionadas se encuentran las siguientes empresas, todas extranjeras: Gas Natural Fenosa (España), GDF Suez (Francia), Brookfield (Canadá), Haudian Corporation (China) y Colbún S.A (Chile).

El 57,61 por ciento de las acciones de ISAGEN que tiene el Estado, equivalen a la suma cercana de $5,2 billones de pesos, los cuales serían administrados por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) compuesta por el Estado colombiano, la Corporación Financiera Internacional del grupo del Banco Mundial (IFC) y el Banco Sumitomo de Japón, quienes serían los responsables de “invertir” el presupuesto en la 4G.

Bajo este panorama son varios lo elementos que debemos tener en cuenta para analizar esta preocupante situación:

El hecho que ISAGEN quede en manos de una empresa extranjera es muestra clara de pérdida de soberanía nacional, en tanto las ganancias generadas, saldrían del país más temprano que tarde, adicionalmente se trata de entregarle el manejo energético del país al capital extranjero, con el consiguiente aumento de precios para los consumidores..

Se hace evidente, cómo el gobierno nacional por medio del PND sigue en la profundización de los procesos de privatización, poniendo los bienes públicos al servicio del interés privados, despojando a la nación de las pocas empresas estatales que generan ingresos estables. Adicionalmente el proyecto de infraestructura vial no es de carácter público, por el contrario favorece a las concesiones y al capital de los grupos particulares.

Claramente esta decisión implica una afectación económica para el grueso del país, en tanto se prescinde de una de las industrias locales más exitosas, que aporta fuertes ganancias a menores costos, para “invertir” en una de las actividades más costosas y que tendrá una rentabilidad privada.

La disminución de competitividad en materia energética pone en desventaja a Colombia frente a otros países, pues es un tema que viene posicionándose de manera estratégica a nivel mundial, lo cual implica una valorización de los proyectos hidro eléctricos.

En conclusión, nos encontramos en una crisis a la que ha llevado el modelo de reprimarización y privatización de la economía, centrada en la pérdida de la soberanía energética y alimentaria.

Es perentorio que los procesos judiciales y sociales que se han levantando en contra de la decisión de Santos, se fortalezcan y masifiquen en defensa de la industria nacional y del bien público y colectivo.

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