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Guacho, una aguja en el pajar del imperio

Escrito por Hernando Martínez

El 13 de abril, el presidente Lenin Moreno confirmó la muerte de mano de sus captores, de tres secuestrados, siendo este el crimen más grave, de una serie de atentados realizados contra la Fuerzas Armadas del Ecuador. Sobre este doloroso suceso, en comunicado público el Ejército de Liberación Nacional manifestó, “expresamos nuestra solidaridad con el Gobierno y el hermano pueblo ecuatoriano, frente a la agresión de grupos de narcotraficantes, que han asesinado a los dos periodistas y a su conductor.”

 

Extrañamente a partir de enero, se producen estos graves hechos, cuando tomó fuerza la crisis en la implementación de acuerdos hechos con las FARC, y en momentos en que el Gobierno y el ELN están buscando acuerdos de paz en Quito. Hechos que tapan problemas estratégicos de la frontera y del Pacífico colombiano, como son la crisis del proceso de paz y la devastación que causa la Guerra contra las drogas impulsada por los Estados Unidos.

 

Crean el Guacho como enemigo público número uno

Hasta el 5 de octubre de 2017, nadie conocía la existencia del Guacho y mucho menos, del Frente Oliver Sinesterra; pero fue a raíz de la masacre perpetrada este día, en el Tandil, en Tumaco, zona limítrofe con Ecuador, que las Fuerzas Militares colombianas -comenzando por el mismo Presidente Santos-, magnificaron con intensa difusión el prontuario delictivo del Guacho, para responsabilizarlo de esta masacre, realizada por el  Ejército y la Policía Nacionalcuando atacaron con descargas de fusil, a una protesta de campesinos contra la erradicación  forzada de cultivos de coca. En diciembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra dos oficiales de la Policía y del Ejército por esta masacre.

 

Nadie se preocupó por desmentir que la autoría de esta masacre no recaía sobre el Guacho. La historia y prontuario del Guacho, que siguen difundiendo las grandes empresas de comunicación hasta ahora, es la misma que difundió el Ministerio de defensa colombiano, desde el 5 de octubre de 2017, incluyendo su foto.

 

La cuna del Guacho

El territorio fronterizo donde se intensificó el conflicto este 2018, corresponde al cantón de San Lorenzo, de la provincia de Esmeraldas en Ecuador y el municipio de Tumaco, del Departamento de Nariño, en Colombia, habitado por comunidades mayoritariamente afrodescendientes.

 

Tumaco tiene 200 mil habitantes, es un municipio marginado y golpeado por la violencia paramilitar, y el de mayor extensión de cultivos de coca, con 23.148 hectáreas que representan un 16 por ciento del total del país, según informe del Sistema integral de monitoreo de cultivos ilícitos (SIMCI). De 35 mil hectáreas de palma aceitera en producción, la peste mató 30 mil, lo que dejó 7 mil personas sin empleo.

 

El territorio donde perpetraron la masacre del 5 octubre de 2017, corresponde al Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, que tiene una extensión de 27 mil hectáreas, de las cuales 14 mil están cultivadas de coca, por campesinos que llegaron desplazados del Caquetá y Putumayo, por el Plan Colombia.

 

En los pactos de la Habana entre el Gobierno de Santos y las FARC, atendiendo al Acuerdo étnico, se pactó que los terrenos cultivados en coca, deben ser devueltos al Consejo Comunitario, mediante un plan de sustitución voluntaria, y reubicación de campesinos en las tierras, donde está el cultivo apestado de palma aceitera; pacto hasta ahora totalmente incumplido.

 

En agosto del 2015, se recrudeció la violencia contra este Consejo Comunitario con el asesinato del líder Genaro García, a manos de integrantes de la Columna Daniel Aldana de las FARC. Los responsables de este crimen fueron expulsados de las FARC; depuración que terminó convirtiéndose en grupos depredadores, que les quitaron la vida a 23 pobladores de la zona. Al responsable de estos grupos alias Don Ye, lo fusiló las FARC; pero un hijo que le sobrevivió, alias Cachi continuó con estos grupos, comandados ahora por el Guacho y los Davies.

 

La contrainsurgencia comanda la guerra anti drogas

Durante el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) el Estado colombiano se alió con el Cartel de las drogas de Cali, para destruir al Cartel de Medellín, producto de esta alianza se formaron los Pepes, un grupo de narcotraficantes aliados de la DEA, y de las fuerzas de seguridad colombianas, que colaboró en dar de baja a Pablo Escobar en 1993. Ese grupo dio origen a los paramilitares que entre el año 1998 al 2005, en el marco del Plan Colombia, en combinación con la fuerza pública y de seguridad ejecutaron cientos de masacres, causaron miles de muertos y desaparecidos, desplazaron millones de campecinos y despojaron 5 millones de hectáreas de tierra.

 

Las anteriores grandes operaciones dejaron muerte, desolación y miseria en los campos colombianos, pero no redujo el cultivo de coca ni el narcotráfico; solo era una campaña contrainsurgente, para destruir el movimiento campesino, indígena y afro.

 

El primer antecedente registrado de financiación de actividades contrainsurgentes y de guerra con dineros del narcotráficose dio entre 1985 y 1986, cuando la contra nicaragüense fue financiada y apoyada con armas en una asociación donde participó la CIA, la DEA, la mafia colombiana y el gobierno de Israel.

 

La guerra contra el narcotráfico, no reduce el flagelo, por una razón que dio Nancy Reagan, ex primera dama de Estados Unidos, quien después de fracasar en una campaña para disminuir el consumo, el 25 de octubre de 1988, en una conferencia de las Naciones Unidas, sostuvo,

 

Si no podemos detener la demanda de drogas en Estados Unidos, habrá pocas esperanzas de evitar que los productores extranjeros satisfagan esa demanda. No lograremos nada si demandamos una carga de responsabilidad mayor en los gobiernos extranjeros que en los alguaciles, jueces y legisladores estadounidenses. El cartel de la cocaína no comienza en Medellín, Colombia. Comienza en las calles de Nueva York, Miami, Los Ángeles y en cada una de las ciudades estadounidenses donde se vende y compra crack”.

 

Estados Unidos incita y financia la guerra

En el año 2011, el presidente Santos reconoció que en Colombia existe un conflicto armado, dando reconocimiento político y llamando a negociar una salida política, contrariando a su antecesor Álvaro Uribe, que sostiene que las guerrillas son grupos terroristas.

 

Tratando de ir en consecuencia a los anterior, Santos impulsó una ley de víctimas y de restitución de tierras, para reparar a más de 7 millones de víctimas del conflicto y restituir más de 5 millones de hectáreas de tierras despojadas a los campesinos por el paramilitarismo.

 

La ley de víctimas no reconoce la responsabilidad del Estado ni de las elites en los desplazamientos, despojos, masacres, ni en el genocidio político de fuerzas de izquierda, como movimiento Unión Patriótica UP.

 

El Programa de restitución de tierras después de 7 años tiene una incipiente aplicación, debido a que los terratenientes narcoparamilitares se la oponen violentamente.

 

En el año 2016 se firmaron los acuerdos con las FARC, de los cuales lo único que se implementó en un cien por ciento fue el desarme y desmovilización de las FARC, las reformas rurales y los planes territoriales de desarrollo fueron recortados y desmejoradosdespués de la firma y no hay esperanza que se vayan a ejecutar y por el contrario avanza la ley Zidres, que otorga tierras y beneficios especiales a las grandes empresas agropecuarias; mientras la reforma política fue echada atrás.

 

El gobierno de Barak Obama dio respaldo al proceso de paz en Colombia nombrando en febrero del 2015 como enviado especial a Bernie Aronson, pero al final de su mandato aprobó el plan “paz Colombia”, que es la continuación de su plan de guerra contrainsurgente.

 

El 19 de mayo de 2017, en encuentro con Trump en Washington, Santos se comprometió a retomar la erradicación forzada de cultivos de coca, contrariando lo pactado con las comunidades campesinas y las FARC, de hacer una sustitución concertada. En ese mismo encuentro y en vista al Congreso de los Estados Unidos, el tema de fondo fue la “imperiosa necesidad de intervenir a Venezuela”.

 

A partir del 2017, el Congreso de los Estados Unidos aprobó, el denominado “plan Paz Colombia”, iniciando con 391 millones de dólares, para apoyar esfuerzos del gobierno colombiano para “conducir una campaña unificada contra el tráfico de narcóticos, contra las designadas organizaciones terroristas internacionales y contra otros grupos armados ilegales”.

 

El mayor exportador de drogas es el mayor instructor de guerra

Según informe de la DEA, en 2017 Colombia alcanzó el record de 188 mil hectáreas sembradas en coca y exportó el 92 por ciento de la cocaína que se consume en Estados unidos, dice además que en el 2016 Colombia exportó 710 toneladas de coca.

 

Muy a pesar de lo ineficaz y nefastos resultados obtenidos en materia de violación a los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas militares colombianas la guerra en su “guerra contra el narcotráfico”, desde el año 2009, Colombia asesora y da cursos de seguridad y entrenamiento, financiados por los Estados Unidos, a miles de soldados y policías de México, Centroamérica y el Caribe, que incluye instrucción en combate fluvial, fuerzas especiales e inteligencia.

 

La “guerra contra el narcotráfico” se convierte en un pretexto y una vía para intervenir en los asuntos internos de los demás países, sobre todo en las políticas de seguridad y de justicia, revirtiendo los procesos de democratización, estabilidad política y paz de la región. 

 

Adam Isacson, en el portal la Silla vacía, el 18 de febrero del 2013, cita un comunicado conjunto del gobierno de los Estados Unidos y de Colombia, que reafirma esta alianza, 

 

Ambos países desarrollaran programas de asistencia de seguridad complementarios y esfuerzos operacionales de apoyo a los países socio-hemisféricos e internacionales afectados por los efectos de la delincuencia organizada transnacional; una mayor coordinación de EEUU y Colombia, en las actividades de defensa y apoyo a la seguridad, que están alineadas con los esfuerzos de ambos países para fortalecer la aplicación de la ley civil y capacidades, y apoyaran un conjunto de estrategias gubernamentales para producir un efecto mayor en todo el hemisferio y en el oeste de África”.

 

Para pacificar el Pacífico

El vicepresidente Óscar Naranjo del 12 al 17 de noviembre de 2017, realizó una visita oficial a Washington, con el objetivo de dar los primeros pasos para crear una Fuerza de tarea naval en el Pacífico, que compromete los esfuerzos de Estados Unidos, México y Colombia,

 

Se trata de una operación con tres propósitos: incrementar los esfuerzos de interdicción en altamar, incrementar los esfuerzos de interdicción de lanchas rápidas y semi-sumergibles en esa zona y tener mayor control de lo que es el acceso fluvial al mar Pacífico. Estamos hablando de una operación para cubrir las vías fluviales, hacer inteligencia y aumentar la capacidad de interdicción”.

 

El 9 de enero 2018, las Fuerzas militares colombianas, desde la Base militar de Tolemaida, desplegaron la operación “Éxodo 2018”, el mayor traslado de tropa que se ha realizado en el país en un solo día, en siete aviones de la Fuerza Aérea, que volaron de ida y regreso durante 18 horas ininterrumpidas, con 2 mil oficiales, suboficiales y soldados del Ejército, quienes llegaron a Tumaco para unirse a la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, que ya contaba con un total de 9.800 hombres: 6 mil del Ejército, 2 mil de la Armada, más mil de la Policía y de 500 de la Fuerza Aérea. El general Jorge Isaac Hoyos Rojas, fue nombrado comandante de esta Fuerza de Tarea. La operación se llama Éxodo y por casualidad el 27 de enero pusieron el primer bombazo a una estación de policía en San Lorenzo, Ecuador.

 

El Plan Pacífico no contempla inversión social, ni fortalecimiento de los planes de vida, y de gobierno de los pueblos afro e indígenas, que pueblan el Gran territorio Biocultural del Choco, que se extiende desde Panamá hasta Esmeraldas en el Ecuador.

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