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El estado colombiano se raja en examen de derechos humanos

Escrito por Mara Giraldo

El pasado miércoles 4 de abril, se presentó el “Informe de la Situación de Derechos Humanos en Colombia 2013 – 2017”, como resultado del trabajo conjunto de plataformas, organizaciones y personas que trabajan por los derechos humanos en Colombia, las cuales han hecho seguimiento del cumplimiento por parte del Estado colombiano de las recomendaciones formuladas entre 2008 y 2013, por el Consejo de Derechos Humanos (CDH), de las Naciones Unidas en el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo en el que cada cinco años los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), analizan la situación de derechos humanos de un país y hacen recomendaciones, para que antes de la siguiente revisión, el país asuma el compromiso de implementarlas.

 

El informe que agrupa a “más de 500 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales y locales de Colombia”, se presentará a las Naciones Unidas como insumo para el EPU, el próximo 10 de mayo en Ginebra; antes se realizará una pre-sesión preparatoria el 13 de abril, donde la sociedad civil podrá, intercambiar opiniones con otros países y preparar la sesión de mayo.

 

En el informe que contiene 11 capítulos, se manifiesta una gran preocupación por el bajo nivel de implementación de las recomendaciones formuladas para Colombia, la falta de apropiación de las autoridades locales y nacionales, además de la ausencia de un mecanismo específico de seguimiento donde puedan participar las organizaciones sociales y la comunidad internacional. A pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, “Colombia no ha cumplido cabalmente las recomendaciones de 2008 y 2013. Continúan acometiéndose graves y sistemáticas violaciones de DDHH e infracciones al DIH que permanecen en la impunidad.”

 

Proceso de Paz e Implementación

Si bien el Estado colombiano cumplió las recomendaciones de 2013 con la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con las FARC–EP, donde el cese al fuego evitó nuevas víctimas, “la implementación avanza en medio de obstáculos e incumplimientos por parte del Estado”. Falta de garantías de seguridad para los excombatientes y sus familias, aumentó la presencia paramilitar; el tratamiento penal establecido dificulta que comparezcan miembros de las Fuerzas Armadas ante la JEP.

 

El Gobierno ha incumplido con la incorporación del enfoque étnico y el enfoque de género no ha sido adoptado integralmente, desde la implementación de los acuerdos no se han adoptado las medidas diferenciales.

 

La Mesa de Diálogos con el ELN apenas fue instalada el 7 de febrero de 2017, luego de varios años de diálogos exploratorios.

 

Paramilitarismo

El paramilitarismo continúa existiendo, fortalece su capacidad militar y su control territorial continúa en expansión. Bajo otros nombres sigue con los asesinatos, la desaparición, la tortura, las amenazas, la violencia sexual y el reclutamiento de menores. A pesar de esto el Estado sigue negando su existencia.

 

La desmovilización de las AUC no incluyó a todos los grupos, ni garantizó una efectiva reinserción de sus combatientes. Un número significativo de mandos medios y estructuras continuaron delinquiendo. Los financiadores y terceros beneficiados por el paramilitarismo no han sido efectivamente investigados, juzgados y sancionados. Los paramilitares aún mantienen vínculos con agentes del Estado.”

 

Conflicto Armado y DIH

Las recomendaciones del EPU de 2013 no se han cumplido satisfactoriamente, ya que continúan las afectaciones a la población civil. Actualmente se registran 8 ́208.564 víctimas del conflicto armado.

 

Colombia sigue siendo el país con más víctimas de desplazamiento forzado, de las que el 63 por ciento vive en situación de pobreza y el 33 por ciento en extrema pobreza. Las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región del pacífico son las más afectadas.

 

El reclutamiento y utilización de menores persiste. En el primer semestre de 2017 se registraron 19 acciones cívico-militares que vinculan menores. Entre 2011 y 2016, la Defensoría emitió aproximadamente 105 alertas de riesgo por reclutamiento de menores en 30 departamentos.”

 

Entre el 2013 y el 2017 se registraron 3.989 casos de violencia sexual. En 2016 se realizaron 120 exámenes médico-legales por delitos sexuales, cuyos presuntos agresores fueron grupos armados. En el 85,83 por ciento de los casos las víctimas eran mujeres. El 43,7 por ciento de estos se atribuyeron a las Fuerzas Armadas y otros actores, 30,1 por ciento a grupos paramilitares, y el 26,2 por ciento a guerrillas.

 

Derechos civiles, políticos e igualdad

Entre 2013 y 2016, 2.820 personas murieron por violencia sociopolítica, en los 1.128 casos donde se conoce el presunto autor, el 69,93 por ciento se atribuye responsabilidad al Estado.

 

Las mujeres siguen siendo las más vulnerables. En 2016 se registraron 128 feminicidios y se practicaron 18.257 exámenes a mujeres víctimas de delitos sexuales. Las normas orientadas a proteger las mujeres víctimas de la violencia, no se articulan con acciones institucionales que permitan la atención profesional y oportuna. Las medidas no ofrecen protección integral, no tienen impacto real sobre las mujeres víctimas. En cuanto a las personas LGTBI, aún no se garantizan de manera integral sus derechos. Los prejuicios en su contra se traducen en violencia y discriminación. Entre 2013 y 2016 fueron asesinadas 440 personas LGBTI.

 

Las ejecuciones extrajudiciales persisten, en 2015 se registraron 65 casos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Desde 1970 se calcula entre 45 mil y 60 mil el número de víctimas de desaparición forzada, a pesar de las medidas contempladas, los esfuerzos para encontrarlas son insuficientes. Entre 2013 y 2016 se reportan 327 casos de tortura, 53 eran mujeres y 40 menores. El 49,23 por ciento de los casos se atribuye al Estado.

 

Pese a la declaratoria de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en 2016, el hacinamiento en las cárceles aumentó a 50,1 por ciento en 2017. El Estado incumplió el compromiso de ampliar los cupos carcelarios. Esto favorece la violación de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.

 

Es evidente el incumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones formuladas en 2013.

 

Derecho a la protesta y movilización

El derecho a la protesta social no cuenta con las garantías necesarias. Las autoridades hacen señalamientos públicos, acusando a los manifestantes de pertenecer a organizaciones guerrilleras; La Ley 1453 de 2011 sobre Seguridad Ciudadana permite judicializaciones masivas de organizadores de protestas pacíficas; “en 2013 durante el Paro Nacional Agrario, se registraron 902 agresiones. En 2017 el ESMAD asesinó un indígena, usó gas lacrimógeno contra personas en condición de discapacidad, y causó lesiones en la cara a un manifestante por disparo directo de gas lacrimógeno. Durante el paro cívico de Buenaventura se registraron 91 agresiones. Lejos de plantear su disolución, el Gobierno promueve su fortalecimiento.”

 

Defensa de los Derechos Humanos e Impunidad

Desde la implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno colombiano y las FARC- EP, han aumentado las agresiones a líderes y defensores de derechos humanos. Entre 2013 y 2017 se registraron al menos 276 asesinatos y 164 atentados. Los asesinatos se concentran en Departamentos donde se expande el paramilitarismo, se aumentó la presencia de las Fuerzas Armadas, se fortalece el narcotráfico y la economía ilegal. Las víctimas en su mayoría son campesinos, afrodescendientes e indígenas, que desarrollan su activismo alrededor de la defensa de los derechos humanos y del territorio, la restitución de tierras y la oposición política. “La Unidad Nacional de Protección no ha implementado enfoques diferenciales; no cuenta con programas de protección colectiva acordes a las necesidades de la población en riesgo.”

 

Economía, tierra y territorios

Colombia continúa siendo uno de los países más desiguales. La brecha entre lo urbano y lo rural se mantiene. Los territorios habitados por indígenas y afrodescendientes son los más vulnerables. “El desempleo es muy alto, con un 8,9 por ciento. Hay un 54,0 por ciento de desempleo juvenil rural, el 25,6 por ciento de los jóvenes del campo no estudian ni trabajan. Existen diferencias de género acentuadas en zonas rurales en cuanto a empleabilidad y salarios”.

 

El Estado impulsa un modelo de economía extractivista. Ha permitido la implementación de proyectos minero-energéticos, con prácticas y técnicas de explotación agresiva que impactan negativamente en el territorio, genera conflictos socio ambientales, pone en riego la pervivencia física y cultural de los pueblos étnicos. 

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