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El territorio como espacio de vida

Escrito por Tomás García Laviana

Uno de los grandes conflictos sociales en América Latina es la gestión del territorio, en choque con la gran minería, Colombia es el segundo país con mayor conflicto socio ambiental en el mundo. El conflicto real y con mayor trascendencia es el uso, asignación y redistribución de la tierra; teniendo presente que en muchos espacios están en pugna la ilegalidad, la criminalidad, los grandes promotores de proyectos extractivos o de agroindustrias.

 

En momentos de auge de la extranjerización de la tierra, de pulso entre las comunidades y las corporaciones transnacionales por la gestión del territorio, se requiere dar prioridad al suelo y al subsuelo como Bienes Comunes, en contravía de quienes pretenden convertirlos en objeto privado.

 

Leyes a la medida

La concepción de gestión en los territorios comenzó a aparecer en la Constitución del 1991, sin embargo, no hubo jurisprudencia oportuna y eficaz, en la medida que la Constitución no desarrolló a cabalidad una concepción de Estado. Si planteó un modelo de descentralización, desde los recursos fiscales, sus competencias, pero no desde la configuración real del Estado, sus relaciones entre el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las comunidades.

 

Esta situación puede explicarse por la visión de la descentralización neoliberal, desde las competencias y recursos; es por ello que quedaron vacíos en la forma y estructuración del Estado. Con esa falencia se desarrolló una concepción minimalista y utilitarista de subsumir todo lo concerniente a la gestión estatal de los territorios en el Gobierno central, otorgándola solo a los gobiernos locales unas competencias a cargo de exiguos recursos.

 

En el año 2000, el legislador otorgó cierta autonomía a los gobiernos locales y comunidades para incidir sobre los planes de ordenamiento territorial (POT); al momento de definir las prioridades del uso del suelo, no del subsuelo, situación que desconoce el problema de fondo, pues desde las implicaciones, favores e incidencia del uso del subsuelo se determina el uso del suelo, porque hay que reconocer que ambos son una unidad integral, donde toda afectación en el subsuelo tiene impacto no solo sobre el suelo, sino también en la superficie de vuelo.

 

El dueño: ¿la Nación, el Estado o los burócratas?

En la constitución de 1886, el dueño del subsuelo era la Nación, que incluye a toda la sociedad; luego en la de 1991, tuercen el criterio y el dueño del subsuelo pasa a ser el Estado, definición que facilitó hacer equivalente el Estado al Gobierno central.

 

La contradicción reside en cómo se jerarquizan distintos derechos, del Gobierno central, comunidades, empresarios, etc., porque en un sistema de mercado capitalista como el colombiano, uno de los objetivos del sistema es defender la propiedad privada. Al ser el Estado el dueño del subsuelo, recurre por fuera de la Constitución a un desarrollo normativo, como es el Código Minero, donde el Gobierno central “por la puerta de atrás” ordena: “vamos a clasificar la minería y los recursos naturales no renovables como una actividad de interés público”, para monopolizar su manejo.

 

Al clasificarla como una actividad de interés público, y siendo el gobierno quien determina el uso del subsuelo, define cuáles son las necesidades de explotación en términos de minería, y procede independientemente de los POT. Esta definición enfrenta un proceso de Tutela ante la Corte Constitucional (CC).

 

La CC no aprobó algunos elementos del Código Minero, en respuesta a la avalancha de tutelas respecto a minería. También esta Corte ha citado a una Audiencia pública sobre consultas populares y explotación de hidrocarburos.

 

En el país hay aprobados muchos más títulos de hidrocarburos y petróleo que títulos mineros, estas concesiones se encuentran diseminadas por todo el país, hasta en las selvas vírgenes del suroriente; en cambio los títulos mineros están más concentrados. Recordemos que en Colombia hay asignados 10 mil títulos mineros, de estos, 8 mil fueron aprobados entre el 2002 y el 2010 durante la administración Uribe, en una verdadera feria de títulos, entregados sin un estudio previo riguroso y con el único criterio de “quien primero solicita, primero que se le otorga”.

 

Muchos de los títulos mineros otorgados, los operan empresas fachada del narcotráfico, dedicadas al lavado de activos y muy pocas son empresas con idoneidad, seriedad, compromiso real y responsabilidad medio ambiental para hacer minería. Lo que amerita un debate nacional sobre cómo, dónde, a qué costo se realiza la explotación minera, teniendo en cuenta la relación costo-beneficio en términos ambientales, sociales, de las comunidades.

 

En Colombia el Gobierno central no exige una licencia ambiental antes de otorgar un título, sino luego del inicio de la exploración, con lo que permite acciones dañinas en los territorios. Lo que ha motivado varias decisiones de la Corte Constitucional y de otras entidades estatales, quienes han parado o revertido exploraciones; lo que ha desencadenado multimillonarias demandas por parte de empresas multinacionales y nacionales; desembocando en una muy seria problemática de defensa jurídica del Estado, que termina en tribunales internacionales, en cumplimiento de tratados firmados sobre protección de inversión, llevando a la quiebra el patrimonio económico del país.

 

En cuanto a hidrocarburos, el gran inversionista es la empresa estatal petrolera (Ecopetrol), quien incurre en los mismos problemas medioambientales e irresponsabilidades que el resto de empresas; como está ocurriendo con los derrames de crudo en los viejos pozos de las cercanías de Barrancabermeja. Ecopetrol es el gran poseedor de títulos en asocio con multinacionales, con la explotación de hidrocarburos produce un impacto y consecuencias mucho más fuertes que ciertas explotaciones mineras.

 

Es mejor conciliar

En adelante el Gobierno central y las empresas buscarán ganar Consultas populares a través de cooptación, corrupción, compra de conciencias, desinformación y amenazas a las comunidades, con la finalidad de echar atrás Consultas anteriores que les fueron desfavorables, en el propósito de continuar con el poder absoluto sobre la tierra.

 

La Corte Constitucional ha logrado avanzar en un modelo de descentralización más democrático, con un POT más vinculante, con  mecanismos que permitan la participación ciudadana desde su concepción y aportes redefiniendo cómo debe ser la gestión del territorio, la preservación ambiental, cultural, social, especialmente cuando se trata de pueblos originarios, pueblos campesinos; apalancamiento institucional que es de gran utilidad, por favorecer la  autonomía en las comunidades, entendida como componente fundamental dentro en un Estado descentralizado, democrático, unitario y pluridiverso.

 

La Corte Constitucional está elaborando una Sentencia unificada sobre toda la jurisprudencia de territorio y minería, que la hace objeto de enormes presiones por parte de las multinacionales y sus agentes; quienes amenazan la participación y la consulta popular, para excluir al pueblo de las decisiones con respecto a la gestión del territorio.

 

Las empresas y el Gobierno central tienen que buscar acuerdos y fijar compromisos con las autoridades locales, las comunidades, en aras de reparar, mitigar, revertir los impactos que tendría los proyectos mineros en el territorio, así como la rigurosidad en la reglamentación establecida en el POT.

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