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La política minero-energética, ¿Cambio o ajustes?

Escrito por Hernando Martínez

La gente dice que se necesita un cambio y los expertos dicen que es viable.

 

En los meses transcurridos de este año han aflorado con mayor fuerza los conflictos y el debate nacional referido a las ventajas, los problemas y falencias de la política minera y energética del país.

 

Dada la oposición a la explotación minera por parte de muchas comunidades y municipios, las exploraciones y entrada en explotación de grandes proyectos mineros están estancados.

 

El éxito de más de 10 Consultas populares realizadas en el 2017, a las que la Corte Constitucional les dio carácter vinculante en cuanto a la ejecución o suspensión de los proyectos mineros, prendió las alarmas en las grandes corporaciones mineras internacionales y en las elites colombianas, quienes se han propuesto revertir la validez y el carácter vinculante de las Consultas.

 

El anuncio del presidente Santos de otorgarle a empresarios de los Emiratos Árabes la explotación minera en el páramo de Santurbán, prendió las alarmas del movimiento ambiental y en las comunidades que viven del agua que proveen los páramos.

 

La mesa de conversaciones en Quito va a abordar el problema minero-energético en tanto afecta a la sociedad y ha sido preocupación del Ejército de Liberación Nacional desde su nacimiento, quien exige una política petrolera que reivindique con fuerza el interés nacional y de las comunidades.

 

En este momento, hay interés por parte del movimiento popular, de Ecopetrol y de las empresas para que se debata y se consulte a la sociedad la política minero-energética a seguir.

 

Sólo extraer minerales no puede ser el modelo económico

La minería en Colombia es para exportación de minerales extraídos, sin valor agregado, además que el empleo que genera es muy poco, las regalías son ínfimas y poco aportan al desarrollo económico o social.

 

La minería metálica en Colombia es la que ocasiona más daños y deja poco o ningún ingreso a la nación, pues como el Estado no tiene la voluntad para controlar la producción en Boca de Mina, el cálculo de los impuestos y regalías quedan a decisión de la empresa, quien es la única que reporta la cantidad de mineral extraído.

 

Regalías e Impuestos Ínfimos 

La regalía está diseñada para compensar el costo de oportunidad, de un bien natural que al extraerlo lo pierde el país, debería hacerse con criterios técnicos, pero las define el Congreso de la república con criterios políticos y lo que recibe el Estado por esto es muy poco.  Además, a las empresas extranjeras les conceden innumerables dádivas, como eximirlas de cualquier impuesto a la remesa de utilidades, junto a otras exenciones de impuestos.

 

El impuesto a la renta para las empresas mineras, oscila entre el 11 y el 12 por ciento. Para las petroleras está entre el 28 al 29 por ciento.

 

La minería contribuye a financiar el presupuesto nacional entre el 4 y 5 por ciento del total, lo que hace mínima su importancia, y nos indica que podríamos prescindir de ella. El petróleo aporta alrededor del 20 por ciento, siendo una contribución más importante.

 

Los depredadores andan sueltos

Para las mafias hacer minería y comercializar oro resulta tan rentable como el mismo narcotráfico, los controles a la extracción, comercio y aporte al erario público son casi nulos, realidad que facilita lavar dólares del narcotráfico.

 

La minería de oro que el Estado denomina “criminal”, la cual se realiza con retroexcavadoras, y otras maquinarias que arrasa los suelos, aguas y daña la capacidad productiva de los pobladores de zonas tradicionalmente agropecuarias.

 

Un minero artesanal de oro en el sur de Bolívar o del Chocó, convive con la enfermedad, utiliza mercurio y cianuro causando daño ambiental y por ende el envenenamiento su salud y del resto de pobladores; la minería artesanal no está organizada y no tiene respaldo estatal.

 

El Estado impulsa grandes proyectos a través de transnacionales, aduciendo que al ser “legales” y de gran escala, tendría un mínimo impacto ambiental y le deja renta al país. Esto es la peor mentira, la gran minería de oro, carbón, níquel y platino se hacen a cielo abierto, causa daños irreparables a los suelos, bosques, fauna, aguas y al modo de vida de las poblaciones.

 

El desarrollo en base al extractivismo está cuestionado. La historia minera de Colombia solo registra daños ambientales y perjuicios a la población, los diagnósticos realizados dan fe de la miseria que acompaña a la gente de las zonas mineras.

 

En las zonas mineras la actividad agropecuaria va en detrimento, debido a que los agricultores se van a la minería porque allí los salarios son más altos, pero con la triste realidad que ese trabajo es ocasional, por esa razón que los trabajadores del campo terminan trabajando informales, esperando un turno para trabajar.

 

Algo le aporta al país es la extracción de hidrocarburos, pero el desmembramiento de Ecopetrol, la tendencia a privatizarla, y las desventajas de las asociaciones y concesiones en la explotación petrolera hechas con las transnacionales deben revisarse y adecuarse con participación de la sociedad.

 

Principios para una política minero-energética

Con el propósito de generar debate y ambientar la participación en el mismo de los diversos sectores sociales, proponemos los siguientes principios básicos:

 

1- Hacer una modalidad racional y selectiva de extracción de minerales, justificada en razones socio-ecológicas.

2- No a la gran minería a cielo abierto.

3- No a la fracturación hidráulica (Fracking) para extraer petróleo, respetando el Principio de Precaución, referido a que “no se explota con este método hasta tanto no se demuestre que no es nocivo”, tal como ya lo reafirmó la Corte Constitucional.

4- Hacer un plan resiliente (resiste, se adapta y sobrevive) de sustentabilidad y sostenibilidad, ecológico-ambiental, económico y social para cada proyecto minero.

5- Crear una institucionalidad que diseñe políticas y haga control social, con participación de las comunidades, los expertos y del Estado.

6- Crear capacidad estatal de constatar la extracción de minerales que reportan las empresas.

7- Adelantar un plan para generar valor agregado a los minerales extraídos, y de fortalecimiento agropecuario.

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