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Estructuras criminales, macro corrupción y la paz

Escrito por Consuelo Tapias

 

La corrupción no sólo destruye los bienes públicos, comunes y la inversión pública, sino que además en nuestro país es base de la violencia en la política, motivó a que, en la Agenda de Conversaciones pactada entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, en el punto Tres de Transformaciones para la paz, quedara establecido el propósito de superar la corrupción.

 

De ser un ilícito realizado entre una persona corruptora y una corruptible, la corrupción pasó a ser un sistema complejo, en el cual los servidores públicos dejan de ser tales, para ponerse al servicio de intereses privados, donde las grandes empresas transnacionales legales e ilegales cooptan y /o capturan al Estado.

 

La magnitud del problema llevó al Banco Mundial a calificar estos crímenes como de “captura de los Estados por un sistema corruptor”. Los investigadores tipificaron como cohecho y soborno, a los delitos que favorecen intereses privados, a través de agentes legales, quienes por fuera del Estado buscan beneficios económicos. Los expertos denominaron todo como la “reconfiguración cooptada del Estado”.

 

Narco-paramilitarismo o la captura del Estado

En Colombia, el problema de la corrupción de las instituciones estatales, es más grave que lo evidenciado por el Banco Mundial en otros países, porque desde el inicio de la época de alianza de las elites tradicionales con las mafias, el 38 por ciento de los congresistas tenían alianzas suscritas o eran parte activa del narco-paramilitarismo.

 

El problema va más allá de unos agentes ilegales que implican a unos funcionarios públicos, porque tales funcionarios a su vez se convierten en agentes criminales, que ejercen coacción y violencia, en función de favorecer intereses contrainsurgentes y privados, desde sus cargos en el poder político, judicial y legislativo.

 

Este modelo criminal va más allá de un simple control poblacional y social, que ejerce un grupo delincuencial. Es un sistema complejo donde las autoridades locales y regionales mantiene sus compromisos principales con el sistema criminal y no con el Estado.

 

Este sistema de captación se hace a través de agentes legales, que actúan desde adentro de las instituciones, y actores ilegales, que buscan agentes serviles dentro del Estado. Este sistema corruptor también tiene un sistema de captación para el común de la sociedad.

 

La antigua inteligencia estatal (DAS), tuvo que ser disuelta, cuando los narco-paramilitares la colocaron totalmente a su servicio; gracias a que su director Noguera, era un agente del ex presidente Uribe.

 

Poderes estatales entre comprados y amedrentados

Al estilo de las mejores ferias, en las campañas electorales en Colombia, se vota al ritmo de la danza de los millones; donde los narcos compran el voto de los electores, captando desde candidatos al Congreso, hasta candidatos a la Presidencia.

 

Cuando llegó Álvaro Uribe a la presidencia, con él, llegaron al Congreso un número considerable de políticos comprometidos con el paramilitarismo, quienes promovieron leyes a favor de las mafias y sus socios.  El senador más votado fue acusado de concierto para delinquir, pero hasta ahora nadie se atreve a decir que ese Congreso fue ilegítimo.

 

Recientemente se está juzgando en Colombia el denominado Cartel de las togas, que demuestra cómo la macro corrupción se tomó al poder judicial, principalmente a las altas Cortes; porque ya era conocido, como la Fiscalía General ha sido desde antes, una cuota que compra una u otra mafia.

 

Todos los anteriores son crímenes de sistema o macro criminalidad, tipificaciones necesarias para enfrentar la dimensión extrema de este fenómeno. Donde se considera que operan Agentes con capacidad moral y no solamente “actores”.

 

Qué es la macro corrupción

La principal característica de la macro corrupción es que no tiene estructura lineal ni jerarquizada, por ser una intrincada maraña de redes y subredes, dedicadas a múltiples actividades ilícitas, cubiertas con apariencia de legalidad.

 

El orden social y económico del mundo neoliberal, de competencia salvaje produjo cambios en la mentalidad y el comportamiento de las corporaciones con respecto al orden legal, estamos ante un sistema social y de vida que estimula el robo a los bienes públicos, destruyendo el mercado como regulador y el normal funcionamiento del Estado. Apreciamos una mezcla de todo esto en los lavados de dinero, paraísos fiscales, los capitales golondrina, hasta cooptación política a alto nivel; por todo esto se le tipifica como crimen de sistema.

 

El Sistema Corporativo Criminal

El sistema corruptor o estructura del crimen lo encontramos en la medula, en la mayoría de los sistemas de gobierno y de Estado capitalistas; donde las más importantes corporaciones forman clubes para financiar a todos los partidos, con el fin de apoderarse de la contratación pública, criminalidad que se tipifica como Sistema Corporativo Criminal; que opera mediante un plan corporativo de apropiación de riqueza pública.

 

En Brasil, las 20 más grandes empresas se apoderaron de los negocios de Petrobras y Electrobras, las corporaciones se convirtieron en un sistema cleptocrático corporativo. Colombia no ha escapado a este sistema criminal, evidenciado en casos de macro corrupción como el de Reficar, la adjudicación de obras para Odebrecht, o la financiación de campañas electorales por parte de la misma Odebrecht.

 

¿Cuáles soluciones?

Lo peor que puede suceder a Colombia es que todas y todos valoremos como “normal”, que todos los poderes estatales sean corruptos y al servicio de una plutocracia criminal, camuflada de corporaciones rentables.

 

Desde la sociedad debe promoverse la información suficiente sobre estos sistemas cleptocráticos corporativos, la macro criminalidad y la captura del Estado, con el propósito de hacer presión y lucha social contra la corrupción del sistema. En dirección a que haya macro imputación a las elites corruptas.

 

Por tratarse de criminalidad común, no asociada a fines políticos, su enjuiciamiento en la justicia ordinaria -no en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)-, debe encargarse a una jurisdicción rápida, que garantice ante todo la verdad sobre los crímenes de sistema.

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