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A más basuras, menos revocatoria del alcalde bogotano

Escrito por María H. Jiménez

 

Mientras la capital colombiana mantiene inundada por las basuras, al alcalde nadie le cobra políticamente esta crisis sanitaria; que contrasta con la reacción oligárquica que hubo contra Gustavo Petro -el anterior alcalde-, cuando enfrentó una crisis similar. ¿Por qué será?

 

Tras un largo proceso de demandas, tutelas y otras argucias judiciales, que buscaban frenar el proceso de revocatoria de Peñalosa, como alcalde de Bogotá, el pasado martes 27 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE), prácticamente echó por tierra dicho proceso, tras anunciar que encontró supuestas irregularidades en el Informe de gastos e ingresos, presentado por el Comité que promovía esta revocatoria; pese a que ésta cuenta con las suficientes firmas de respaldo, según la Registraduría nacional de estado civil.

 

 

La renuncia de un mal alcalde

El pasado 9 de junio de 2016, un grupo de colombianos motivados por pésimas decisiones, como la venta de la Empresa de teléfonos de Bogota (ETB), la urbanización de la reserva ecológica Van der Hammen, la modificación del diseño del Metro, y otras medidas contrarias a los ciudadanos, decidieron dar inicio a una campaña de revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

 

En enero de 2017, los Comités Revoquemos a Peñalosa, Unidos Revocamos a Peñalosa y Bogotá Mejor sin Peñalosa, se inscriben ante la Registraduría y tras recoger más de 270 mil firmas, instalaron la solicitud de revocatoria del mandato de Peñalosa. En marzo de ese mismo año, el CNE anunció el inicio de la revisión de la propuesta de revocatoria.

 

En agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia, tras negar una acción judicial radicada por el abogado de Peñalosa, deja en firme el proceso de revocatoria. La defensa alegó que había una vulneración a los derechos del debido proceso, defensa y ser elegido, así como el de representación efectiva de los 903.764 bogotanos, que respaldaron su elección como Alcalde Mayor del Distrito Capital. 

 

 

La elite si sabe de marrullerías

La determinación del CNE del 27 de febrero, no niega explícitamente el proceso de revocatoria, pero en la práctica sí lo hace, porque los tiempos de la investigación a las supuestas irregularidades del Informe financiero se extenderán indefinidamente, y no se podrá hacer el llamado la revocatoria en las urnas este año. Hay que recordar que la ley exige, que el mecanismo de revocatoria no puede ser ejecutado si falta menos de un año para el fin de un mandato del alcalde. Con esta marrullería, el CNE descabeza de un plumazo la iniciativa ciudadana, que buscaba revocar el mandato de Peñalosa.

 

No deja de ser insólito que en un país en el que los “Ñoños y los Musas compran votos a manos llenas”, el CNE “pone esmero en averiguar por unas fotocopias”. En las dos últimas campañas presidenciales, cuando Odebrecht repartió millones de dólares en sobornos, para favorecer a candidatos oligárquicos, a cambio de contratos de obras, el CNE “no vio” las irregularidades. En cambio, si pone la lupa sobre una modesta campaña, que no tiene otro objetivo que buscar que los ciudadanos se expresen libremente y decidan, si un gobernante que dirige a espaldas y contrario a las necesidades del pueblo, debe continuar o por el contrario es pertinente revocarle el mandato.

 

En otras ocasiones, la elite dominante ha frenado las consultas populares que se oponen a los proyectos megamineros, así han venido soslayando las legítimas decisiones de los ciudadanos y los espacios de participación ordenados en la Constitución; lo peor, es que no será la última vez que recurrirán a las marrullerías legales, para sofocar la iniciativa popular.

 

Esta jugarreta del CNE no solamente es una afrenta a la democracia, sino que además es una muestra irrefutable, que en la actualidad no hay garantías para que el pueblo haga política de manera legal. Los gobernantes sumisos al gran capital y a sus aliados, que colocan las leyes a favor de los monopolios y en contra del interés popular, reproducen las condiciones para hacer de la rebeldía en armas no sólo un derecho, sino un deber.

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