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Los alivios humanitarios, una deuda pendiente

Escrito por Camilo Trochez

 

El Estado no cumplió con los alivios humanitarios, pues fue muy evidente que, durante el cese al fuego pasado, aumentó la matanza de líderes sociales, el tratamiento violento a la protesta social, las amenazas y la persecución política en general. Durante los 101 días de cese hubo 36 asesinatos de líderes sociales y civiles inocentes, también murieron violentamente 11 ex combatientes de las FARC, se cometieron 5 abusos y ataques contra la población carcelaria, en las que dos prisioneros políticos del ELN quedaron gravemente heridos.

 

Perpetraron masacres como la de Tumaco a solo 5 días de comenzar el cese; en el Charco, Nariño, fueron asesinados 6 ex combatientes de FARC; y otra matanza tuvo lugar en Cerro Tijeras en Suarez, Cauca, donde la disputa entre bandas dejó 6 personas muertas. En todas hubo confinamiento de la población y desplazamiento.

 

Las movilizaciones sociales que se realizaron en octubre tuvieron un trato de guerra. La Minga indígena tuvo un saldo represivo de 40 heridos y 20 retenidos; y el paro campesino cocalero dejó 10 campesinos heridos, 4 retenidos y 2 periodistas agredidos. Entre los manifestantes se ha vuelto común ver mutilaciones, como perdida de ojos, muertos por disparos de fusil, granadas recalzadas, el uso mortífero de las “armas no letales” y afectaciones a niños y ancianos, todo por parte de la actuación criminal del ESMAD.

 

Las violaciones más graves

El 8 de octubre en Puracé, Cauca, fue asesinada María Efigenia Vásquez Astudillo, en medio de unos enfrentamientos entre la comunidad indígena de Koconuco y el ESMAD.  María Efigenia era periodista de la comunidad indígena y resultó herida mientras realizaba el trabajo periodístico. Falleció en el Hospital San José de Popayán.

 

El 29 de octubre en el centro poblado de Betoyes, municipio de Tame, Arauca, a. las 3:20 am, los campesinos Alejandro Tirado y Lizander Valencia Rodríguez acompañado por su hijo de 8 años, Harvin Valencia Peñaranda, fueron baleados a quemarropa en un punto de control del Ejército estatal. Alejandro Tirado murió, y fueron causadas graves heridas a Lizander Valencia Rodríguez, así como afecciones al menor de edad.

  

El 19 de noviembre en San José de Apartadó, Antioquia. La comunidad denunció la llegada de un grupo de paramilitares fuertemente armados a la vereda La Esperanza, allí entraron violando la propiedad y buscando a uno de los líderes locales, luego interceptaron a un poblador de la zona a quien amenazaron: sabemos que ese HP (sic) aquí en La Esperanza y Gildardo Tuberquia en Mulatos, son los que nos denuncian cuando nosotros pasamos por las fincas, pero ese jueguito se les acabó, porque los vamos a sacar de sus casas como sea y por encima del que sea”. Además, denunciaron que el jueves 16 de noviembre, cuando llegaba al caserío de San José a recoger a su mamá, fue atacado a bala desde la base militar de El Mariano, a unos 200 metros, el joven Juan De La Cruz Guzmán Sucerquia, sufriendo varios impactos en su cuerpo y debiendo ser hospitalizado de inmediato. Finalmente aseguraron que existe complicidad entre la brigada XXI y el paramilitarismo que hoy controlan esa región. Nuevos hechos registrados en ese lugar a finales de diciembre, con atentados a líderes de la Comunidad de San José, demuestran la clara articulación paramilitar de las fuerzas estatales.

 

¿Qué hacer para un Nuevo Cese?

Para comenzar es necesario que el Estado asuma su responsabilidad como parte en hechos violatorios ejecutados por sus agentes. Sin ello es difícil avanzar y superar estos problemas. Casos como los de Tumaco donde de manera descarada ocultaron su responsabilidad generando todo tipo de excusas, e incluso impidiendo a tiros y terror la verificación de los hechos por parte organismos de Derechos Humanos; o recientemente, cuando el Ministro de Defensa atribuye a supuestos “líos de faldas” la causa de los crecientes asesinatos a líderes sociales, mientras que cada vez más voces denuncian la sistematicidad, como lo ha dicho la ACNUR.

 

Igual debe someterse a examen la expansión del paramilitarismo que viene operando a través de bandas narcotraficantes y también estructuras nacionales, con estrechos vínculos con elites locales, como terratenientes, empresarios, militares y policías. Estas estructuran vienen atacando y rompiendo el tejido social en las comunidades, sus liderazgos y organizaciones. Para un nuevo cese es necesario el acompañamiento a las organizaciones sociales y comunidades, para que éstas denuncien y evalúen la efectividad de las acciones del Estado. Y que, en casos de asociación con el paramilitarismo y el narcotráfico, lo mínimo que proceda sea la destitución de miembros de las Fuerzas Armadas que las sostengan.

 

Finalmente, el problema de la vida y seguridad de la población excluida y empobrecida, no requiere únicamente llevar batallones y militarizar los territorios, como lo han hecho todos los gobiernos; es necesario llevarles empleo, servicios públicos, salud, educación, transporte y comunicaciones, es decir básicas condiciones para una vida digna.

 

Es preciso revisar las políticas de erradicación forzada de cultivos ilícitos, problema que está generando gran parte de la violencia en los territorios abandonados por el Estado, teniendo como principal víctima a la población pobre que no tiene más fuentes de empleo. Estos temas deberían ser valorados para mejorar la situación humanitaria de las comunidades, así se opongan a los intereses de mantener el negocio de la guerra.

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