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Empeora la situación en las cárceles

Escrito por Ema Mirabal

 

El pasado 4 de septiembre se firmó un acuerdo de cese al fuego bilateral, temporal y nacional (CFBTN) entre el Gobierno de Santos y el ELN, lo que conllevó a una serie de compromisos, con los que se darían solución a algunas de las problemáticas vividas en los centros penitenciarios del país.

 

Uno de los cuatro compromisos adquiridos por el gobierno, giró en torno a la implementación de un programa de carácter humanitario con la población privada de la libertad, que “permita mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos familiares y evaluación de su seguridad en los recintos carcelarios en que están recluidos”.

 

Situaciones graves de salud

El ELN entregó al gobierno un listado de 116 de sus militantes presos políticos con enfermedades de atención prioritaria y urgente, como casos sin tratamiento adecuado de sífilis, hepatitis B, hongos genitales, tuberculosis, fracturas sin tratar y heridas abiertas que ponen en riesgo órganos o extremidades; casos de parotiditis, cáncer, problemas cardiovasculares (40 casos), varios casos de secuelas de heridas causadas en distintos escenarios de la guerra, incluso durante la captura.

 

Ante esta situación el gobierno ejecutó unas visitas de salud realizadas con personal del mismo centro penitenciario, en las que elaboró un diagnóstico para algunos presos, que no alivió en ningún sentido los graves problemas padecidos por la población carcelaria. Por ejemplo, las prisioneras políticas de Jamundí, fueron instrumentalizadas por el Estado como una fachada y una burla, puesto que ni siquiera revisaron las historias clínicas, las órdenes para especialistas y los exámenes especializados, negándose a realizar algún tipo de trámite; además tampoco les entregaron medicamentos; y los presos políticos que no aparecían en los listados no fueron atendidos durante las brigadas.

 

Sin acercamiento a núcleos familiares

El compromiso de posibilitar el acercamiento a los familiares permitiría que a militantes del ELN recluidos se les garantizara la reintegración familiar y la efectividad del derecho a la visita, por lo que en varios casos era necesario el traslado de centro de reclusión, ya que la actual ubicación de la población reclusa no tiene en cuenta sus lugares de origen ni de residencia de familiares; dicho compromiso fue incumplido por el gobierno, puesto que hasta el momento no se ha realizado ningún traslado ni tan siquiera puesto en marcha el inicio de algún trámite para este fin.

 

Este incumplimiento se debe a la poca voluntad del gobierno, a la corrupción y al desorden administrativo de los centros penitenciarios, motivos también de muerte de compañeras y compañeros recluidos. Trato indigno que incluye la negligencia médica, alimentación precaria, ausencia de servicios básicos como luz y agua.   

 

La inseguridad en los recintos carcelarios

Como tercer compromiso estaba una evaluación de la situación de seguridad de presas y presos políticos, pero concluido el CFBTN, el gobierno no adelantó gestiones para implementar agrupamientos, ni traslados por situaciones urgentes de amenazas, que ponen en riesgo la integridad física de militantes del ELN privados de la libertad.

 

En cambio, sí se presentaron hechos represivos por parte de la Guardia Penitenciaria, del Comando de Reacción inmediata CRI del INPEC y del Gaula de la Policía, que en la cárcel de Cúcuta efectuaron un operativo que terminó en la destrucción de las pertenencias de los reclusos y el hurto de agendas personales con datos de familiares y organizaciones de derechos humanos, incluso fueron hurtados informes preparados, que serían enviados a la Delegación de diálogos en Quito, sobre de la situación de los centros penitenciarios.

 

Es así que, tras 101 días del cese, los compromisos adquiridos el 4 de septiembre que buscaban un alivio humanitario para militantes del ELN recluidos en los centros penitenciarios, fueron incumplidos por parte del gobierno, dejando en evidencia la poca voluntad política de cumplir con lo pactado en Quito en este aspecto y el poco interés por la situación de cerca de 600 militantes elenos actualmente privados de la libertad por el régimen.

 

Esta realidad lleva a concluir que, de avanzar en un nuevo acuerdo de cese al fuego, el alivio humanitario para la población privada de la libertad sigue siendo un propósito esencial, para exigir que cumplan con lo que pacten y que promuevan un trato digno hacia quienes en pro de una transformación política y social hacen parte de esta organización y nos acompañan desde los centros penitenciarios.

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