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Colombia por los desfiladeros de la guerra

Escrito por Observatorio de Coyuntura

Estando aún caliente la algarabía mediática por el premio Nobel de Paz, otorgado al presidente Juan Manuel Santos el 9 de diciembre de 2016, gracias a la desmovilización y el desarme de las Farc; el 2017 se inaugura, con los tambores de guerra del presidente, al anunciar nuevos acuerdos con la OTAN, para congraciarse con las bravuconadas del nuevo presidente de los EE.UU, Donal Trump. Así, Colombia sigue siendo el puesto de mando avanzado del Pentágono, para sus diseños intervencionistas en América Latina y el Caribe, donde se destaca la agresión contra Venezuela.

 

El 2017 también comienza con el congelamiento del salario mínimo y el aumento del IVA del 16% al 19%, que afecta principalmente la canasta familiar de los sectores medios y populares, para arrancarle 6,5 billones de pesos y de esa forma, intentar remendar el hueco fiscal de 35 billones de pesos, generado por las exenciones, elusiones, evasiones y ventajas tributarias que se le ofrece a los sectores de grandes capitalistas extranjeros y nacionales. De esa forma, se hicieron “las cuentas alegres de la lechera”, de que la economía crecería al 2,6 %, para finalizar herniados por alcanzar el 1,7%.

 

Todo el año estuvo sacudido con los constantes escándalos por la corrupción en la administración pública, la fuerza pública, la justicia, el parlamento y los partidos tradicionales en Colombia. Se crea una gran incredulidad política en muchos sectores, que rechazan el comportamiento de un Estado corrupto y corruptor.

 

Otro tema que estuvo a la orden del día en el 2017, fue los recortes e incumplimientos a los acuerdos de la Habana. Así, las Farc después de entregar las armas, quedan “colgadas de la brocha”, al pretender ser un partido legal, pero sin las garantías mínimas para su supervivencia.

 

El proceso de negociación con el ELN, tampoco vislumbra avances significativos hacia la paz, puesto que el gobierno, después de firmar acuerdos en la Mesa de diálogos, se echa para atrás y sale a exigirle gestos unilaterales a la guerrilla. Solo la venida del Papa, hizo el “milagrito” de firmar un cese al fuego bilateral nacional y temporal, pero que el gobierno ha utilizado para aumentar la crisis humanitaria y para pretender sacar ventajas militares sobre las zonas de influencia guerrillera.

 

De esta forma, la paz en Colombia, se encuentra haciendo malabares por los peligrosos desfiladeros de la guerra, donde se pretende acabar con las guerrillas, para agudizar el terrorismo de Estado contra la población indefensa.

 

La vigencia del derecho a la rebelión se sostiene en la caracterización del régimen colombiano como violento, antidemocrático, excluyente y de características gansteriles, que no respeta a la oposición de izquierda, por lo que asesina sistemáticamente a los líderes sociales.

 

Elecciones 2018, más de lo mismo

El 11 de marzo se realizarán las elecciones parlamentarias, el 27 de mayo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales y de ser necesario, la segunda vuelta será el 17 de junio. Así, el primer semestre del 2018 estará regido por las contiendas electorales y el segundo semestre lo marcará la instalación del nuevo gobierno.

 

En esta ocasión, como ya es histórico, tampoco se pudo consolidar una alianza de los sectores de izquierda, centro y de derecha, que confrontan o cuestionan el régimen vigente, para que se posibilitara un único candidato alternativo. Por un lado quedó el Polo y los Verdes, apoyando la candidatura presidencial de Fajardo. Petro intenta aglutinar a Clara López y los indígenas. Las Farc busca amarrar a la llamada familia comunista de Marcha Patriótica, Unión Patriótica y Partido Comunista, pero pretendiendo también una alianza con el sector santista.  Así, egos personales e intereses particulares impiden que se construya una coalición alternativa que tenga posibilidades, dejando la segunda vuelta nuevamente en manos del uribismo y el santismo. 

 

En el campo de la oligarquía, se mantiene la polarización entre el santismo y el uribismo, pero se desmorona la Unidad Nacional, con la que Santos mantuvo sus dos gobiernos. Ahora, el sector de Vargas Lleras, quien estuvo de vicepresidente, se corre hacia el uribismo, lo mismo que las huestes conservadoras que estuvieron amamantadas por el gobierno. Mientras tanto, el partido liberal se fracciona y queda muy debilitado.

 

Como ya es tradicional, las elecciones en Colombia se rigen por la ley metálica de “la plata y el plomo” y la principal maquinaria para conseguir el voto amarrado son los narco-paramilitares, y ahora estos barones electorales se alinean mayoritariamente hacia el lado del uribismo. El voto de opinión sigue siendo importante en algunas ciudades, pero esta vez tendrá parece que poca incidencia para elegir el próximo presidente.

 

A pesar de la represión, se mantiene la movilización social, pero dispersa

En el 2017 despuntaron muchas movilizaciones sociales; se mantuvo alto el nivel de lucha directa, pero con gran dispersión. Se evidencia de nuevo la necesidad de avanzar en la conciencia de clase popular para la unidad.

 

La agenda de confrontación de las comunidades con el Estado es evidente en temas como: Derechos Humanos; Tierras y territorio; recuperación de la Madre Tierra; el problema de la sustitución de cultivos ilícitos, versus erradicación forzosa; Incumplimiento de los acuerdos de la Habana y el tema de la paz; Incumplimiento a compromisos adquiridos por el Estado con los movimientos sociales; problemas ambientales en donde se destaca la lucha de los barrios del Sur de Bogotá por el caso del botadero de basuras de Doña Juana, Páramo de Santurbán en Santander, Segovia y Remedios en Antioquia, Buenaventura en el Valle del Cauca, Río Rancherías en la Guajira, entre otros.

 

Igualmente la confrontación con los habitantes de asentamientos informales en las ciudades, Reclamos por presupuesto para los hospitales públicos en el Valle del Cauca y en la Costa Atlántica encabezadas por trabajadores de la salud pública y por estudiantes universitarios; Educación en relación a la Reforma al estatuto Docente y la defensa de la educación pública; Vida con dignidad en el paro cívico de Buenaventura, el cual puso en el centro el derecho a la seguridad, al agua, a la salud a la vivienda y al empleo. En los paros del Chocó se suma las reivindicaciones de vías.

 

Los paros cívicos representan un salto cualitativo y también las consultas populares -10 exitosas- contra la minería y la explotación petrolera. La opinión creciente es que la solución está en los territorios.

 

La eliminación del liderazgo social y la expansión paramilitar

Durante el proceso de paz se disparó la violencia contra comunidades rurales, excombatientes y liderazgos sociales. Durante el año 2017 fueron asesinados más de 3 líderes sociales cada semana, se han presentado judicializaciones masivas contra reconocidos dirigentes y han sido asesinados este año, 33 ex combatientes de las Farc. Son hechos continuos causados por el Estado o mediante sus bandas paramilitares, que evidencian una estrategia sistemática de exterminio del movimiento social, que cierra el espacio político para que las Farc pueda actuar.

 

El paramilitarismo en sus diferentes formas viene siendo utilizado en el plan contrainsurgente y contra el movimiento social. Juegan en la fragmentación de los tejidos sociales de las ciudades, en la distribución de drogas y en el control territorial de los barrios. Por su parte, las Águilas Negras son utilizadas como coartada del Ejército y la Policía, para la intimidación y la comisión de crímenes encubiertos contra líderes sociales; la experiencia que ganaron con décadas de limpieza social, ahora la usan haciendo limpieza política.

 

No es casual que la ubicación de las estructuras paramilitares coincida, con los planes de expansión y de control de los capitales nacionales y transnacionales, en relación con los centros económicos más importantes, el saqueo de los recursos naturales, la entrada y salida de mercancías y el extractivismo, entre otros, que los hace funcionales al plan contrainsurgente del Estado.

 

Narcotráfico y cultivos de uso ilícito

La llamada Guerra Contra el Narcotráfico adelantada por el imperialismo norteamericano, no es más que un pretexto para intervenir países y sostener el precio de las drogas. Además, el narcotráfico irriga y lubrica la economía capitalista mundial, especialmente la de los Estados Unidos, que recicla los dineros ilegales en sus bancos y paraísos fiscales, a más de beneficiarse con la industria de los insumos, la venta de armas a los carteles y los contratos por fumigación, entre otros.

 

Según el Informe mundial sobre las drogas 2017, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dice que entre 2013 y 2015, el cultivo de la planta de coca creció un 30 por ciento, siendo Colombia el mayor productor. Así mismo, de 2011 al 2016, el consumo de cocaína, en los mercados estadounidense y europeo también aumentó un 30 por ciento, alcanzando 17 millones de consumidores.

 

El Departamento de Nariño pasó después de la apertura económica de principios de los noventa, de ser una de las regiones con mayor producción alimentaria que abastecía los mercados nacionales, a ser el primer productor de hoja de coca del país.

 

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                  Zonas de mayor cultivo de coca

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Municipios                                                    Hectáreas

Catatumbo, Norte de Sant.                            20.000

Tumaco                                                        18.000

Tambo, Argelia, López de Micay                      15.000

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En general según datos del mismo gobierno se estima que son 100 mil familias las que se dedican a los cultivos de hoja de coca, sin embargo estos datos oficiales no reconocen la existencia de grandes cultivos que están en manos de narcotraficantes. Serían unos 5 millones de personas dedicadas de manera directa e indirecta al negocio.

 

Colombia como primer exportador de cocaína, cubre el 80 por ciento del consumo mundial, con una  producción de más 800 toneladas anuales, y además también se destaca en la producción de marihuana y heroína; Pero, también se ha convertido en un consumidor destacado, como producto de la expansión del negocio del microtráfico, controlado principalmente por el paramilitarismo y con la connivencia de la Policía. De esta forma el régimen logra segmentar los tejidos sociales en los barrios y criminaliza a los consumidores, cuando debería darles una atención como enfermos.

 

El tema de la llamada “certificación” al país por parte de los Estados Unidos, tiene un impacto en los afanes represivos del Estado, especialmente contra los campesinos cultivadores y en lo que tiene que ver con la fumigación o no fumigación. El gobierno colombiano entrega aún más la soberanía, para cumplir las cuotas impuestas por los Estados Unidos, y ejecutar la erradicación forzada de cultivos de coca.

 

Esto tiene como consecuencia la elevación de la conflictividad social en vastas regiones rurales. Por su parte, las comunidades organizadas de cultivadores plantean como alternativa la diversificación de cultivos, hacia la soberanía alimentaria; porque el Estado plantea los monocultivos, pero en general la tendencia es a una solución de fuerza, lo que está generando crisis humanitarias en los territorios. Más del 80 por ciento de la cocaína estaría saliendo por el Pacifico colombiano y esto explica el copamiento territorial de los paramilitares y bandas en esa extensa región, con más de 900 kilómetros de costa sobre el océano Pacífico.

 

Las FARC en el limbo

Lo más traumático de esta coyuntura fue el desarrollo y conclusión que tuvo el proceso de FARC, y las tensiones políticas a raíz del momento de refrendación e implementación de los acuerdos. Se hace evidente que el Estado logró su propósito principal  del desarme de las FARC; la contraprestación por la entrega de las armas es, hasta el momento, mínima, y por el contrario ha significado recortes a lo acordado y nuevas renegociaciones en el Congreso.

 

Pasado más de un año de iniciada la implementación, lo que predomina es la incertidumbre. Puntos de orden socio económico claves como el de tierras, reforma agraria y cultivos de uso ilícito -que en el discurso se siguen considerando puntos nodales del conflicto-, apenas tiene un 6,9 por ciento de implementación.

 

La oligarquía no regala nada, y cualquier acuerdo lo hace forzada por las circunstancias, pero luego que cambie la correlación de fuerzas, busca desconocer lo pactado. Esto rige para las mesas de negociación con las guerrillas, el movimiento social o cualquier otro escenario. Las ganancias para el pueblo y la revolución sólo las darán la lucha y la fuerza que logre desarrollar el campo popular.

 

En las negociaciones con las Farc, vuelve a repetirse la historia de incumplimientos de acuerdos por parte de la oligarquía colombiana. Situación que ha causado inconformismo en sectores de izquierda, e incluso en sectores de centro; también en la comunidad internacional, todos ya miran con desconfianza las ofertas del gobierno en la mesa con el ELN.

 

La desmovilización de Farc ha revivido viejos debates entre los revolucionarios, algunos plantean que se dio una derrota en el campo ideológico, que se intenta justificar desde distintas visiones: como lo duro de la guerra, contundentes golpes militares recibidos, la avanzada edad de los mandos, la descomposición de mandos medios, el alejamiento de las luchas sociales y sus intereses; mientras otros argumentan que se trata de una derrota política, que rebaja la lucha por los cambios estructurales de la sociedad, el Estado y contra la oligarquía y el imperialismo, a la simple lucha electoral o institucional, buscando algunas reformas al establecimiento. Si antes la estrategia de las Farc como ejército era la combinación de todas las formas de lucha, priorizando la lucha militar, para derribar el Estado burgués y con la toma del poder, instaurar la dictadura del proletariado; ahora, la pregunta obvia es: ¿Cuál es la nueva estrategia de las Farc, como partido legal?

 

En el último Congreso de las Farc, se expresaron varias tendencias, quedando en evidencia que se inicia un proceso de discusión y decantación política a su interior. Las Farc, de ser una estructura militar, donde el conjunto de directrices emanaban del secretariado, ahora debe implementar procesos democráticos, que recoja las expresiones de múltiples tendencias y se rija por la opinión mayoritaria. Así, se manifiestan tendencias que buscan respaldar una estructura y posiciones que se aproximan a los clásicos partidos comunistas, mientras que otros buscan tener una mayor apertura política que pueda acercar al centro político y otros sectores más radicales que comparten la democracia directa de los sectores populares. El reto es que logren unas reglas de juego en donde mantengan la cohesión interna y no se fracturen en nuevas facciones.

 

Otro gran dilema político que tienen las Farc, es la de priorizar su acción dentro del bloque popular y revolucionario, buscando ser un factor de convergencia y unidad, o, priorizar su acercamiento a los sectores santistas, para buscar que les cumplan los acuerdos de La Habana, puesto que los uribistas ya han vociferado que “los harán trizas”. Este dilema les condiciona su comportamiento para las próximas elecciones.

 

En este periodo, el régimen se propuso terminar con las guerrillas insurgentes, a través de una negociación en la que pretende ceder lo mínimo, sin tocar la esencia de su régimen político de exclusión, ni del modelo económico de explotación y saqueo. Al desarmar y desmovilizar a las Farc, está consiguiendo neutralizar un flanco de gran importancia en la lucha revolucionaria y profundizar su modelo de dominación.

 

Esta situación ha tenido un impacto complejo en los territorios, tanto por el vacío dejado por las Farc, como por la persistencia de algunos grupos, que plantean darle continuidad al proyecto fariano y que la gran prensa llama como disidencias; Así como por el copamiento que están realizando grupos paramilitares en esos territorios. También la cooptación que hace el paramilitarismo de excombatientes de Farc, es una situación preocupante para las comunidades.

 

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Sueldos ofrecidos a excombatientes de Farc, en pesos

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                                   Gobierno             Paramilitares

A combatientes             600.000              2.000.000

A mandos                     2.000.000           8.000.000

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Si el sistema avanza en absorber a las Farc, crearía una situación muy desfavorable en lo político y militar, por lo que es necesario propender para que sigan actuando dentro del campo popular y revolucionario.

 

Paz son transformaciones

Con los incumplimientos a los acuerdos de las Farc, se pone en crisis el modelo de Solución Política al Conflicto del gobierno, lo cual le da oportunidad al ELN para plantear otro modelo. El gobierno tiene la bandera de la paz como desmovilización, mientras el ELN agita la bandera de paz como transformaciones del régimen y del modelo económico.

 

En las negociaciones con el ELN se plantea que lo central es que la sociedad sea la protagonista, por tanto, se debe posibilitar un proceso de participación, donde la sociedad defina cuales son los principales problemas que tiene Colombia y diseñe las transformaciones que se necesitan.

 

La fase pública de negociaciones entre el gobierno y el ELN, que se instaló el 8 de febrero de 2018, se mantiene estancada, porque la Agenda de conversaciones no se ha podido desarrollar, dado que el gobierno intenta hacer exigencias unilaterales, como pedir que el ELN renuncie a seguir haciendo retenciones económicas.

 

El cese al fuego bilateral y temporal, pactado entre el gobierno y el ELN, del 1 de octubre de 2017 al 9 de enero de 2018, pretendió servir como un alivio humanitario en las regiones de más conflicto, pero no fue posible, porque el Estado incrementa el asesinato de dirigentes sociales y el trato de guerra a las protestas sociales.

 

El accionar del ELN contra la infraestructura petrolera en el primer semestre del 2017, afectó seriamente la economía, tanto que el ministro de Hacienda denuncia que el PIB creció algo menos de la mitad de lo pronosticado, por culpa de estos sabotajes. Por tanto, con el cese al fuego, el gobierno logra recuperar la economía. Así mismo, el ELN logra que el gobierno permita las 10 Audiencias Preparatorias, donde algunos sectores sociales y regiones plantean cuáles deberían ser las temáticas y la metodología para el proceso de participación de la sociedad; Sin embargo, el gobierno restringió la participación y la difusión pública de este inicio del Diálogo nacional por la paz.

 

Las empresas mediáticas del régimen, venden la idea de una pacificación y solución política como “exitosas” desde la óptica del gobierno. Su objetivo es llevar a que la gente presione la desmovilización insurgente. Se encargan además de satanizar e invisibilizar lo alternativo, aíslan a la guerrilla e insensibilizan a la sociedad frente al genocidio sistemático contra la oposición política y social, por parte de las fuerzas del Estado. El gobierno a través de los empresas informativas se presenta como cumplidor del cese y al ELN lo pintan como violador.

 

La continuidad de las negociaciones del gobierno con el ELN, tiene la limitación que solo queda un corto tiempo, puesto que a partir de marzo de 2018 se realizarán las elecciones y eso termina eclipsando y congelando la Mesa. Luego, habrá que esperar las definiciones que traiga el nuevo gobierno.

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