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Alternativas a los cultivos de uso ilícito

Escrito por Ismael Ardila

En el campo existen distintas problemáticas que afectan al país, como la desigualdad en la distribución de la tierra, poca inversión, exclusión social, conflicto armado, despojo, desplazamiento. Históricamente, este país ha tenido que lidiar con este flagelo, razón por la cual, nacen las guerrillas a partir de la década de los 60´s, en el siglo XX. Las guerrillas de las FARC y el ELN, surgen con un objetivo en común, generar una transformación estructural en el país, especialmente; en el campo, con una reforma agraria que brinde mejores condiciones de vida al campesino. 

 

Un puñado de despojadores

Antes de la llegada de los españoles, la tierra estaba en manos de las poblaciones nativas; persistía la propiedad colectiva. El origen de la reforma agraria data desde 1499, con las expediciones lideradas por el español Alfonso de Ojeda, lo cual dio origen al conflicto por el territorio y el choque de las culturas (Walker 1822, Reyes 1995). Lo que desencadenó el exterminio de casi el 80 por de la población nativa.

 

Se puede decir que desde la época de la colonización, la tierra ha sido motivo de conflicto. Como sucede en la actualidad. El conflicto social y armado en Colombia, nace precisamente porque existe una mala distribución de la tierra. Son muchos los intentos que se han hecho para hacer una distribución equilibrada de la tierra. El presidente Carlos Lleras (1966-1970) quiso hacer una reforma agraria. Las leyes 135 de 1961 y la ley primera de 1968, formulaban una distribución de la tierra, pero estas, fueron frenadas por las leyes cuarta de 1973 y  sexta de 1975; a través del “Pacto de Chicoral”, hecho por los terratenientes de la época. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-539519

 

Pero, en realidad, ¿existe diferencia entre el pasado y la actualidad?. Actualmente; Colombia es el país más desigual en el acceso a la tierra, en América Latina, así lo señala el último censo agrario. El 1 por ciento de los propietarios tiene el 81 por ciento de la tierra, mientras el 99 por ciento solo posee el 19 por ciento restante. Este es el resultado de políticas diseñadas solo para favorecer al latifundio especulador y rentista.

 

La desigualdad en la distribución de la tierra, ha sido una de las principales causas del conflicto social y armado en Colombia. El cual, durante más de medio siglo viene afectando a más de 8 millones personas, sin contar las víctimas de los últimos 3 años. Esto provocó más de 7 millones de casos de desplazamiento forzado, cerca de un millón de  muertes violentas, 166 mil desapariciones forzadas y 10.237 casos de tortura; víctimas en su mayoría de población campesina, indígena y afro descendiente [http://bit.ly/2lUv1JR]

 

El problema se torna más complejo en la medida. en que el gobierno colombiano no genera políticas de inversión que beneficien al campesino, no hay acceso a maquinaria, créditos y asistencia técnica. Esto se pudo ver claramente en el programa Agro Ingreso Seguro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). La minoría dominante quiebra la economía campesina, con tres décadas de apertura neoliberal, que impone la importación de alimentos. Todas estas condiciones han llevado al campesinado colombiano a buscar alternativas, que les permita garantizar su subsistencia, como es el caso de los cultivos de uso ilícito.

 

Hunden lo legal, para que prospere lo ilícito

El punto cuatro de los acuerdos de La Habana, centra la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, y suscribe un acuerdo de sustitución de los cultivos de uso ilícito. Los cuales deben ser construidos de manera conjunta, participativa y concertada con las comunidades.

 

En septiembre pasado el presidente de los EE.UU, Donald Trump, amenazó con descertificar a Colombia, porque según él “no controla el aumento de cultivos ilícitos, y, ha fallado claramente, en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas”. Unido a esta declaración, en el mes de octubre la DEA publicó un informe en el cual dice que el 90 por ciento de la cocaína introducidas al país norte americano, proviene de Colombia.

 

Presionado por los EEUU, el gobierno de Juan Manuel Santos, pone en marcha la sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito. Lo que generó descontento en los campesinos cocaleros, quienes protestaron a través de las vías de hecho. A las protestas de los campesinos el gobierno responde con la fuerza pública, dándole un tratamiento de guerra. Aspecto que generó enfrentamientos, como el sucedido en Tumaco, donde murieron 9 campesinos y 55 más resultaron heridos, según denuncian las comunidades de los ríos Mira, Nulpe y Mataje. Igualmente los campesinos cocaleros del Catatumbo, bajo Cauca, etc, recibieron el mismo tratamiento represivo.

 

Soluciones concertadas

La semana pasada, el representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dijo que "la erradicación forzosa no es desarrollo, es una medida represiva", porque la sostenibilidad de los programas de sustitución voluntaria es mucho mayor, que la erradicación forzosa, que no ofrece alternativas a los campesinos, quienes, por tanto, vuelven a cultivar hoja de coca al poco tiempo [*].

 

Los campesinos exigen la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos ilícitos, así como garantías de seguridad para los líderes de la movilización. El aumento de los cultivos ilícitos en Colombia es motivado por distintos factores, entre estos la condiciones de pobreza del campesinado, la débil presencia institucional, la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, y especialmente la falta de una reforma agraria que mejores las condiciones de vida y genere transformaciones sociales en el campo.

 

Pero no sólo los campesinos cocaleros en el país están en condiciones de desigualdad, también lo están los ganaderos y plataneros del departamento de Arauca, los arroceros del Casanare y el Meta; Sin contar los demás renglones productivos en otras regiones, quienes al manifestarse para reclamar sus derechos son reprimidos por la fuerza pública. Tal como sucedió esta semana, con la ganaderos en Arauca, quienes al protestar por las restricciones impuestas por el ICA, fueron agredidos por la policía. [http://bit.ly/2A78tYE]

 

 

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[*] "La erradicación forzosa no es desarrollo, es una medida represiva": ONU. El Espectador, 3-11-2017.

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