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La política criminal dominante en Colombia

Escrito por Zulma Portocarrero

 

Formalmente en Colombia hay un Estado Social de Derecho. Donde debería haber bienes públicos supremos, superiores a derechos y libertades para pocos. Grandes mayorías quedan excluidas a diario y a lo largo de su vida, y lo que conocen son las funciones represivas de ese Estado, que en la práctica ejerce un control selectivo mediante órganos y herramientas diversas, pero para garantizar que el orden económico y social dominante permanezca como lo han determinado quienes se atribuyen los medios de poder.

 

Definir que los actores y los actos en contra de ese orden sean perseguidos y castigados y cómo hacerlo es parte de la Política Criminal del Estado Colombiano, llamada a garantizar los pilares fundamentales de ese orden de cosas injusto y violento en su naturaleza, construido históricamente. Podríamos decir como lo expone Alberto Binder: “La política criminal es una forma de violencia estatal organizada”.

 

 

Violencia estatal organizada

La Corte Constitucional (sentencia C-646 de 2001) del propio Régimen señala sobre la política criminal que ésta puede ser de la más variada índole, y que es:

 

“El conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social (…) Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito… También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además, puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica”.

 

La política criminal que el Régimen aplica se ha desarrollado en los siguientes aspectos:

  1. Construcción y definición de las normas y estrategias penales, o sea describiendo qué conducta es un delito, los llamados tipos penales, y determina las penas, que por cierto son aumentadas y cada vez más restrictivas del derecho a la libertad. La descripción del delito y de la pena lo que busca en principio es una “Prevención General”, que en la realidad es que nadie se atreva a atentar contra las bases fundamentales de ese orden establecido.
  2. Determinar cómo son los procesos de investigación y judicialización. Esto explica cómo el sistema penal acusatorio en Colombia tiene una clara tendencia condenatoria, y por eso el ofrecimiento de principios de oportunidad, preacuerdos, allanamiento a cargos a cambio de rebajas de penas. Esto es lo que tiene mayor acogida y se impone en la maraña de la investigación y en la misma “administración de justicia”, que es lenta y con pocas garantías. Lo que hace que muchas de las personas vinculadas a un proceso penal acudan a las formas anticipadas de terminar el proceso, con la única expectativa de saber a cuánto queda condenado y en cuánto tiempo lo debe pagar. Porque la angustia de un proceso penal que dice tener un principio de igualdad de armas, entre Fiscalía o acusador y la defensa, nunca tiene esa verdadera garantía. Para poder defenderse de un proceso penal un imputado debe garantizar que cuenta con la asesoría de un profesional del derecho y de un buen equipo de investigación que por demás implica disponer de una buena cantidad de recursos económicos, de lo cual la inmensidad de la gente procesada carece. En conclusión el modelo procesal está diseñado para que se acepte la condena por formas de terminación anticipada.
  3. Toda esta Política Criminal se cierra con la ejecución de las sanciones penales en establecimientos penitenciarios. La “Política Penitenciaria” va ligada con penas cada vez más largas aplicadas en centros de reclusión, tortura y aislamiento, que son verdaderos campos de concentración, como el propio Ministro de justicia lo dijo en marzo de 2017. El tiempo máximo de prisión ha ido aumentando; hoy está en 60 años. Eso equivale a una cadena perpetua en las condiciones de reclusión existentes en el país (superior a la expectativa de vida de una persona, si se tiene en cuenta que se aplica a los mayores de edad). Y aun así, muchas son las voces que desde el Estado y las élites, ante problemáticas sociales y casos expiatorios, dicen, como lo afirmó el ex ministro Juan Fernando Cristo: “La pena de 60 años de prisión no es suficiente y es necesario legislar sobre la pena de muerte”.

 

Haciendo show de casos ciertamente graves, lo que al final queda es la criminalización de la pobreza, la persecución a los opositores o a quienes exigen del Estado que cumpla sus funciones sociales. Por eso se busca investigar, judicializar y castigar a los líderes de los movimientos alternativos. No sólo para mostrar la efectividad de la política criminal, que se le tema, sino ante todo generando con esto un efecto desmovilizador; actuar previniendo sembrando terror; que nadie más se oponga a las políticas del Estado ni reclame que sea social y de derecho. Esa falacia de la que se ufanan.

  

Los justicia y las penas alternativas 

El ELN ha estudiado estos aspectos de lo que mueve la política criminal o penal del Régimen, y por la constante relación de nuestros presos políticos y colectivos con todos los detenidos del país, con esa realidad, es que consideramos que deben articularse esfuerzos entre todos los excluidos, para exigir al Estado, en este momento trascendental de diálogos y de posible transición a unas condiciones diferentes, que se escuche al Movimiento Nacional Carcelario que reclama, por ejemplo, una rebaja de penas del 20%, para todas las personas privadas de la libertad; que se legisle sobre penas alternativas que no impliquen privación de la Libertad. Pero ante todo que el Estado garantice los derechos y garantías en el trámite de los procesos penales, que se cumpla el derecho de defensa y los términos establecidos. Igualmente que se garantice la atención médica y que se les brinde una comida adecuada en nutrición, en calidad y en cantidad, bajo las más estrictas condiciones de preparación e higiene. Que la pena máxima de prisión no sea la actual sino que reduzca radicalmente. Mientras se van definiendo procesos que nos hagan como sociedad generar condiciones en las que la gente para sobrevivir no deba delinquir.

 

Otro aspecto fundamental es que se garantice que las personas privadas de la libertad cumplan su pena es un establecimiento carcelario que esté cerca del lugar donde está su familia y donde se encuentra radicado el proceso, para evitar mayor afectación en sus de derechos a tener una vida familiar y a un debido proceso.

  

Pensar distinto no debe ser un delito

Consideramos que el Estado sí aplica un Derecho Penal de Enemigo, en el que se castiga por pensar, por actuar. Y lo hace no sólo con las armas de la legalidad sino de la ilegalidad, de la guerra sucia, pues a los líderes sociales se les persigue de ambas maneras, se les busca y se les quiere aplastar con esta realidad de política criminal restrictiva y selectiva, que ante delitos diversos salva a los de arriba y quiere hundir a los de abajo.

 

Ante este Cese del Fuego Bilateral debemos trabajar y movilizarnos para que sea realidad la no persecución de los y las líderes sociales, que se brinden garantías para la protesta social, que haya mejoras sustanciales para quienes afrontan su privación de libertad en cárceles de vergüenza, y que haya cumplimiento de un mínimo de derechos. De lo que pase en este tiempo tomamos nota para poder exponer en qué sustenta el Régimen su política verdaderamente criminal.

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