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Masacre en Santo Domingo Arauca: Un reconocimiento tardío

Escrito por Ana Lucía Sierra

El pasado 31 de agosto se realizó un acto en Santo Domingo, municipio de Tame, Arauca, en el que el Estado debía hacer un reconocimiento público de su responsabilidad en la masacre. La sociedad araucana hizo oír su voz.

 

Una masacre presentada como un Falso Positivo

El 13 de diciembre de 1998 un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea bombardeó el caserío de Santo Domingo en Tame, Arauca. Diecisiete personas resultaron muertas, entre ellos, seis niños con edades entre los tres y catorce años; veinticinco personas más fueron heridas.

El hecho ocurrió en el marco de la Operación Tormenta Dos, en la que se pretendía la neutralización de una avioneta que llegaría a recoger 1.500 kilogramos de cocaína, perteneciente –supuestamente, según afirmaba un presunto informe de Inteligencia- al extinto comandante ´Grannobles´ de las FARC.

En medio de esta operación se desataron fuertes combates alrededor del caserío, que se extendieron hasta la mañana del 13 de diciembre, cuando sucedió la masacre. Este hecho causó indignación a nivel nacional e internacional, pero el gobierno trató de negar su responsabilidad.

Cuando se hizo pública la noticia, inmediatamente el Gobierno y los altos mandos militares -especialmente de la Fuerza Aérea, el general Héctor Fabio Velazco- informaron que todos los muertos pertenecían a las Farc.

Cuando las organizaciones sociales de departamento de Arauca denunciaron que las personas fallecidas en este bombardeo no eran guerrilleros sino humildes campesinos entre los que se encontraban niños y niñas, nuevamente el gobierno y los altos mandos trataron de ocultar la verdad. Para ello cambiaron la versión de la noticia: afirmaron entonces que la masacre había sido ocasionada por un carro bomba de la guerrilla. De esta forma, el gobierno revictimizó a las víctimas y buscó ocultar la verdad.

Sobre esta versión se ha fundamentado la defensa del gobierno colombiano, incluso en los estrados judiciales internacionales, para evitar una sentencia en su contra.

Las grandes empresas de comunicación, en especial Caracol y RCN, jugaron un papel importante en la distorsión de la realidad. Junto con el Estado se han dedicado a difundir esa versión amañada. Lo mismo hizo la rama judicial, que dilató el proceso condenando a miembros de las Farc por el mismo hecho, aun sabiendo que la masacre había sido ocasionada por una bomba lanzada desde un helicóptero de la Fuerza Aérea.

También se apeló a supuestos desmovilizados de las FARC, “alias Jhonny” y “alias Puntilla”, dos personas que con falsos testimonios dijeron que fue un carro bomba el causante de la tragedia, con el que la guerrilla habría pretendido atacar a la Fuerza Pública. En la misma línea, un video publicado en Yotube el 11 de agosto de 2009 nombra el monumento que se construyó en memoria de las víctimas como el “Monumento a la Mentira”, vulnerando aún más a esa sufrida población (Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=wdMdvKXFnXk)

Otro intento por ocultar la verdad fue el asesinato de testigos y sobrevivientes de la masacre. Fueron asesinados Ángel Trifilo Chaparro, quien para la época era el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío de Santo Domingo, y José Russbell Lara, defensor de derechos humanos, integrante de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.

 

Un perdón forzado

Este crimen de Estado llegó a la Corte Suprema de Justicia colombiana, al Tribunal Internacional de Opinión en Chicago (2002) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien el 30 de noviembre de 2012 emitió una sentencia ordenando al Estado colombiano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.  Dicha sentencia apenas se cumplió cinco años después, hasta que las familias de las víctimas presentaran varias tutelas exigiendo su cumplimiento.

El 31 de agosto de 2017, en el caserío de Santo Domingo, lugar donde cayó la bomba y donde se construyó un monumento a la memoria de las víctimas, se desarrolló el acto público donde acudió masivamente la sociedad araucana. En el acto, los familiares de las víctimas afirmaron tomaron la palabra.

Alba Janeth García, una de las sobrevivientes de la masacre y testigo ante la CIDH, se manifestó a la expectativa de lo que pueda decir el Estado:“Como víctimas queremos que el Gobierno reconozca que son los culpables de la masacre, creemos que eso sería un paso fundamental”. Ella reclamó al Estado colombiano inversión social para Santo Domingo, pidió que se atienda a las personas afectadas en su salud y que se cumpla en el corto plazo la sentencia internacional.

Eliud Suarez, hermano de Pablo Suárez Daza, una de las personas fallecidas en la masacre, expresó que el acto, en realidad, no obedece a la voluntad del Estado: “Es fruto de la constante lucha de los campesinos, las víctimas, los defensores de derechos humanos. Lo que queda es revisar y garantizar que esto no se vuelva a repetir jamás en la historia de nuestro país. El Estado colombiano tiene una deuda social con las víctimas de Santo Domingo, hay sentimientos encontrados detrás de todo esto, porque ocurre después de 18 años”.

No recibimos con alegría este evento, porque el Estado vilmente acabó con nuestros familiares” afirmó Pedro Martínez, hermano de Levis Orlando Martínez Carreño, otra de las personas fallecidas en esta masacre, según informó el periódico regional Trochando Sin Fronteras (https://trochandosinfronteras.info/aceptaran-victimas-de-santo-domingo-arauca-las-disculpas-del-estado-colombiano/)

 

Reparación incompleta

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra expresó:

No se nos puede olvidar la participación del imperio norteamericano en este crimen; por un lado, a través de la empresa AirScan Inc., pues de uno de sus aviones Sky Master, que prestaba seguridad al oleoducto Caño Limón-Coveñas, dio las coordenadas para desarrollar el bombardeo. Por otro lado, porque participó en el operativo, el piloto que había sido integrante de la Guardia Costera norteamericana. Sin embargo –agrega la Fundación de Derechos Humanos- “aún quedan pendientes aspectos de la condena emitida por la Corte Interamericana en noviembre de 2012: adelantar las investigaciones penales y disciplinarias para determinar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen; brindar atención integral en salud a las personas heridas; reparar integralmente a quienes fueron víctimas a causa de la masacre y que no han sido reparados por la justicia interna”.  

Hace falta mucho por hacer en este caso, porque el perdón es un proceso donde juega un papel importante la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.

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