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Desapariciones forzadas: El Estado es responsable

Escrito por Revista Insurrección

Tras la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el caso de Santiago Maldonado impactó en la prensa internacional: cientos de miles de personas se movilizaron acusando al gobierno argentino por su desaparición. En Colombia los casos documentados suman más de 60.000. Son delitos que comete el Estado, y que se perpetúan cada día.

 

El “giro a la derecha” que padecieron algunos países de América Latina en los últimos años implicó serias consecuencias económicas para los pueblos: ajuste, despidos, pérdida de poder adquisitivo y de derechos. Eso viene sucediendo principalmente en Brasil, Argentina, y ese es el programa que implementará la oposición venezolana si llega a hacerse con el poder. Los gobiernos de otros países no necesitaron “girar”: México, Perú y Colombia vienen padeciendo programas neoliberales sin solución de continuidad.

Pero las afectaciones económicas no son las únicas consecuencias de las políticas derechistas. En Brasil, el gobierno ilegítimo de Michel Temer lanzó una ofensiva de persecución contra el Movimiento Sin Tierra (MST) apenas asumió; en Venezuela los golpistas no necesitan del manejo del Estado para asociarse al paramilitarismo y quemar vivos a militantes chavistas; en Argentina, una serie de represiones tuvieron su hecho dramático con la desaparición reciente del joven Maldonado: su caso ya fue caratulado como “desaparición forzada”, ya que el juez tiene suficientes evidencias que señalan a la Gendarmería Nacional como responsable de su detención en el marco de una represión a la protesta de la comunidad mapuche en el sur del país.

El caso resultó emblemático porque los sectores movilizados en Argentina estaban en alerta ante la complacencia ideológica con la pasada dictadura que viene expresando el gobierno de Macri. Pero también porque la sociedad en su gran mayoría acuñó un balance histórico del genocidio perpetrado por los gobiernos militares responsables de 30.000 detenciones-desapariciones. “Nunca Más” fue la consigna durante décadas, y ahora el evidente caso de Maldonado vuelve a poner en guardia a quienes pretenden ser consecuentes con ese legado de lucha contra la impunidad.

Otro caso que sacudió a América Latina y al mundo fue el de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, México. En ese país la violencia narco-paramilitar genera uno de los más altos índices de desapariciones en las que las fuerzas del Estado son responsables, por acción o complicidad. Eso es algo bien conocido en Colombia, aunque se debería saber mucho más.

Según un informe reciente del Centro Nacional de Memoria Histórica, son 60.630 los casos documentados de desapariciones forzadas en el país. Entre 1970 y el 2015, en promedio tres personas fueron desaparecidas forzadamente cada día, lo que equivale a un caso cada ocho horas. El propio informe establece la comparación: “La cifra total representa el doble de los desaparecidos por la dictadura militar en Argentina”.

 

Estado colombiano: negación como garantía de impunidad

 

El Ejército Nacional de Colombia realizó, días pasados, una falaz conmemoración. “30 de agosto, Día Internacional del Desaparecido”, anunciaron en carteles y comunicados. Montaron una muestra fotográfica en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que después trasladaron a la sede de la Procuraduría General de la Nación. El objetivo: “honrar a los desaparecidos” de la Fuerza. El homenaje puede resultar legítimo, ya que el dolor de una familia ante el desconocimiento del paradero de un ser querido siempre merecerá el respeto de toda persona de bien. Pero, en todo caso, la fecha es inapropiada, al igual que la forma de presentar los hechos.

Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta conmemoración no se refirió a “desaparecidos” en general sino a la figura específica de “desaparición forzada”, un delito que solo puede cometer el Estado, por lo general contra sus contradictores políticos. Se buscó así visibilizar las denuncias sobre esta práctica que, cuando es sistemática como en Colombia, constituye un crimen de Lesa Humanidad. No se trata por lo tanto de recordar a “personas que están desaparecidas” en general (con toda la legitimidad que esos recuerdos y homenajes por sí mismos pudieran tener): la desaparición forzada es un delito cometido y avalado necesariamente por el Estado y es, además, un delito “continuado”: todos los días se comete la desaparición forzada mientras el Estado no esclarezca el paradero de la víctima.

En Colombia el Ejército pretende, con eventos como el realizado días atrás, diluir la responsabilidad que le cabe como Fuerza Pública involucrada en miles de casos de desaparición forzada. Más aún: pretenden presentar como víctima a una institución victimaria, responsable de esos crímenes.

Mientras esa sea la forma en que el Estado “conmemore” a los “desaparecidos”, los verdugos del pueblo en Colombia seguirán gozando de un amplio manto de impunidad.

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