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Corruptos del mundo, ¡van presos!

Escrito por Gabriel Antonio Gaitán

 

"Lo que hay en Colombia, es evidente,

es crimen organizado para

apropiarse de los recursos del Estado"

Fernando Cepeda Ulloa

 

En las últimas declaraciones hechas por la Fiscalía colombiana sobre el caso Odebrecht se reveló una nueva cifra de los sobornos pagados en el país a políticos y funcionarios de gobierno, a otros implicados en el Congreso de la República, y pare de contar en términos del avance de la investigación pues sobre la financiación de las campañas políticas el ente acusador parece no querer involucrarse.

En la misma semana, el presidente Juan Manuel Santos buscó congraciarse ante un auditorio diciendo que, de su gobierno, más allá de funcionarios de bajo nivel ningún alto responsable se encuentra involucrado; como si de alguna manera conjurara al olvido las declaraciones de Otto Bula donde afirma que a la campaña Santos Presidente de 2014 ingresaron dineros de manera ilegal fruto de las coimas de Odebrecht.

 

Árbol podrido, no solo las manzanas

A finales de diciembre de 2016 los Estados Unidos revelaron la cifra de 11 millones de dólares pagados en sobornos por parte de la multinacional brasileña en Colombia. Luego de siete meses de una investigación paquidérmica -en parte por las restricciones internacionales de confidencialidad, pero en su mayoría por negligencia y complicidad de la Fiscalía- hoy se habla de desembolsos por cerca de 84 mil millones de pesos, hechos entre 2010 y 2015 para obtener la concesión de la Ruta del Sol 2 y la adición Ocaña-Gamarra. Son 42 millones de dólares -casi cuatro veces la cifra inicial, y lo peor de todo es que esta cifra seguramente no será definitiva, pues en estos cálculos solo se habla de la Ruta del Sol 2, lo que deja por fuera la financiación de campañas y otros contratos donde la multinacional actuó bajo sociedades con otras firmas y en especial con el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien sigue intentando desmarcarse del escándalo.

Luego de entregar estas cifras, el Fiscal Néstor Humberto Martínez mediante compulsa de copias sobre el caso Odebrecht solicitó que la Corte Suprema de Justicia investigue a los senadores Antonio Guerra, de Cambio Radical; Ciro Rodríguez, del Partido conservador; Bernardo (Ñoño)  Elías, del Partido de la U; Plinio Olano, del Partido de la U; y Musa Besaile, también del Partido de la U. Los dos primeros, miembros de la coalición de Gobierno conocida como Unidad Nacional, y los cuatro restantes, miembros activos del partido del presidente Santos.

Fuera de toda suspicacia, dejan mucho que pensar las declaraciones del primer mandatario, pues si estos sujetos que son parte de la maquinaria electoral más grande del Caribe y caciques políticos de toda la región no son funcionarios de primera plana, quiénes lo son.

 

Los encubridores

Aún más cuando, a inicios de año, el fiscal Martínez dijo que 1 millón de dólares que Odebrecht le había girado a Otto Bula habían ido a parar a la campaña presidencial de Santos en 2014; ese dinero habría sido entregado a Roberto Prieto, gerente de la campaña. A pesar del llamado enfático del presidente Santos al CNE (Consejo Nacional Electoral) para que se investigue a fondo la veracidad de esas acusaciones, el CNE no tiene avances reales en la investigación que inició en marzo pasado y cuyo único resultado fue decir que los tiempos para dicha pesquisa ya habían pasado.

Así las cosas, lo grave de este asunto es que, en realidad, aún no hay una cifra exacta de cuánto dinero ingresó al país por cuenta de sobornos y vías ilegales. Tampoco se sabe quiénes y bajo qué circunstancias los recibieron; y lo peor de todo es que, a pesar de la evidencia de los nexos en este escándalo de las campañas presidenciales tanto del Centro Democrático como del partido de la U, quien debe investigar y castigar dicho comportamiento no tiene ni la más mínima intención de hacerlo.

Ocultar la corrupción envía un mensaje nefasto de cara a las siguientes elecciones, tanto para el Congreso como para la presidencia de la República en el 2018, donde una vez más acudiremos a una feria de intereses particulares y negocios amañados en lugar de a una contienda política, que garantice el bienestar de las mayorías y la posibilidad de construir esa anhelada paz que soñamos los colombianos.

 

¿Un mal que dura 100 años?

La corrupción no puede seguir siendo la marca de los empresarios y políticos en nuestro país. Es momento de avanzar en soluciones reales a este flagelo que, en últimas, pagamos los más pobres. Es hora de crear una nueva legislación que frene a estos delincuentes, penalice a los partidos políticos que hagan de la vida de la nación un negocio, y castigue especialmente a los individuos que se benefician de estas tretas sin importar que sean los mismos presidentes de la República, porque en un examen responsable todos se rajan; aunque los escándalos, que siempre tienen propósitos politiqueros, salpiquen más a unos que a otros.

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