Cleptocracia a la Colombiana

Escrito por Lucía Serrano

La ilusión de un Estado que garantice los derechos de los colombianos parece irse cada día más al barranco. Los escándalos de corrupción no solo son aberrantes, en su conjunto permiten afirmar que en Colombia reina la Cleptocracia.

La cleptomanía es un trastorno de conducta en el que una persona es adicta al robo. Como todo trastorno, depende en gran parte de la capacidad del paciente para reconocer el problema y luchar contra él, su solución. El Estado Colombiano se ha vuelto cleptómano, ya que no es una ni dos de sus instituciones las que han sido relacionadas con la corrupción, es el conjunto del aparato estatal, el que ha robado a los colombianos, obligándonos a vivir en la Cleptocracia, el Estado del robo.

El presidente Santos a través de sus campañas presidenciales se encuentra relacionado con los sobornos de Odebrecht. Ante las acusaciones ha respondido que, “se hizo a sus espaldas” y que espera que se lleven a cabo las investigaciones, mientras paradójicamente quienes deben investigar no investigan por vencimiento de términos. En otros lugares del hemisferio -no en Colombia-  la corrupción ligada a altos dignatarios implica su destitución. La campaña presidencial de Zuluaga también se ha visto involucrada, demostrando que el conjunto de la oligarquía, el Santismo y el Uribismo, han estafado al país.

Los gabinetes ministeriales de los gobiernos de Uribe y Santos se han visto envueltos en su conjunto en el robo al país. El Ministerio de Agricultura tuvo que responder por Agro Ingreso Seguro, el Ministerio de Protección Social por el cierre de Saludcoop y la crisis de Cafesalud, el Ministerio de Transporte por el caso de Odebrecht, El Ministerio de Educación y el Bienestar Familiar por la crisis de alimentación de los colegios públicos en departamentos como Córdoba y la Guajira, el Ministerio de Minas y Energía por el escándalo de Reficar y el favorecimiento a privados en el otorgamiento de licencias de explotación. Las Agencias Nacional de Infraestructura -ANI y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales- ANLA a punta de sobornos han otorgado permisos y licencias de operación.

Buena parte de las gobernaciones y alcaldías, se han robado los presupuestos municipales dejando a las regiones más apartadas y pobres del país sin vías, sin acueducto y con desnutrición. Además, las superintendencias se han hecho las de la vista gorda, al solo iniciar a investigar los robos ya consumados. Incluso la rama judicial que debe garantizar el proceso de investigación y juzgamiento a los ladrones de cuello blanco, favorece a los sectores privados, es bien recordado el caso del Magistrado Pretelt o las acusaciones actuales contra el Fiscal General de la Nación.

Qué decir del Congreso de la República, donde congresistas como Otto Bula son los encargados de servir de enlaces, recibir las coimas y aprobar los proyectos de ley que favorecen a empresas privadas.

Lo que hay detrás de este desastre que reina en el Estado y del cual aún no conocemos todo, es la conducta enferma de la oligarquía colombiana que se dedica a robar al pueblo para saciar sus intereses; por lo tanto, ni es un asunto únicamente del gobierno de Santos, ni se trata de simples manzanas podridas. El aparato estatal colombiano sigue cooptado y cercado por una clase política que tiene como función enriquecerse a costa del trabajo de las mayorías, y como buena cleptómana se niega a reconocer su enfermedad y su responsabilidad bajo la cortina de los casos aislados, sin mostrar voluntad de cambio.

Para lograr su cometido la oligarquía ha incorporado la privatización propia del modelo neoliberal como un mecanismo que permite desfalcar las arcas del Estado, y por supuesto a los colombianos. La totalidad de los casos de corrupción involucran el favorecimiento de intereses y/o operadores privados que prestan -servicios- que en principio debiera prestar el Estado, ya que más que simples servicios, son los derechos del pueblo los que están en juego y una vez más las alianzas público-privadas las que se encargan de negarlos. La privatización permite que quienes están en el aparato estatal se laven las manos diciendo que la corrupción fue culpa de los privados y que ellos tenían los brazos amarrados, pero el pueblo no debe olvidar que es la misma clase la que actúa en el Estado y en las empresas privadas. 

Esta estrategia ha sido utilizado desde la creación de la constitución política de 1991 y compromete al conjunto de la clase que históricamente ha detentado el poder. En la actualidad el escándalo centrado en el gobierno de Santos, no obedece a una preocupación por la corrupción en el país, en cambio demuestra la disputa interoligárquica entre el Santismo y el Uribismo, donde el segundo saca pecho culpando al primero. La corrupción se vuelve un tema de moda en el periodo preelectoral, pero poco se escudriña en el fondo sobre la responsabilidad del periodo de Uribe en la consolidación de este tipo de política en el país. 

Siendo así, se demuestra en la práctica que el Estado roba a los colombianos para favorecer a los ricos del país, y al negarse a asumir de manera directa la defensa de los derechos de las mayorías, ha convertido los derechos en un negocio con el que se reparten las ganancias los poderosos. Contribuir a una paz justa y verdadera implica frenar el modelo de privatización de los derechos, aclarar la responsabilidad de los grandes capitales en el desfalco del Estado y discutir el papel de las empresas públicas en la consolidación de una economía nacional soberana.

Si la cleptocracia en la que vivimos se sigue escondiendo detrás de la democracia, la voluntad y la legitimidad de la oligarquía se hace más chica y los reparos del pueblo se hacen más justos; hay que recordarle a la clase en el poder que la desconfianza se elimina con hechos y no con promesas.

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