Con solo tres meses de iniciado el año 2017, en el pacífico colombiano se han desplazado más de 3500 personas según informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Mientras las alertas de riesgo se prenden argumentando que una de las principales causas de los desplazamientos masivos es la disputa por parte de grupos armados por territorios anteriormente dominados por las FARC-EP, la clase en el poder se hace la de la vista gorda frente al drama humanitario que desde hace décadas se vive en las costas de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.

Se estima según la ACNUR que 3.549 personas, 913 familias, han sido desplazadas por enfrentamientos entre “grupos armados ilegales”. Entre las comunidades más afectadas se encuentran indígenas y afrodescendientes de la zona rural de Buenaventura y el Bajo Calima, en el Valle del Cauca; el litoral del San Juan, Lloró, Alto Baudó, Domingodó, en el Chocó; Timbiquí, en el Cauca; así como Santa Bárbara de Iscuandé y la comunidad de El Pital, en el municipio de Tumaco, Nariño.

Desde una mirada histórica, estos territorios han sido participes del conflicto colombiano de manera permanente, debido a los intereses de la oligarquía y las multinacionales sobre los recursos mineros y energéticos en este territorio. 

Parte del pacífico colombiano ha sido organizado por la insurgencia y disputado por el paramilitarismo básicamente porque el Estado nunca ha estado allí, a excepción de su aparato militar que está en función de proteger el negocio multinacional de la explotación de recursos naturales de flora y fauna, así como minerales tales como el oro y platino. En la actualidad hay municipios que siguen sin contar con agua potable y alcantarillado, sin vías de acceso y comunicación con el resto del país, sin centros de educación y atención básica en salud. Su población, mayoritariamente afrodescendiente e indígena, sabe que la insurgencia es su único apoyo ante este saqueo extranjero abandono institucional y altísimos niveles de corrupción de sus funcionarios.

 

El paramilitarismo se ha opuesto a las formas de supervivencia de las comunidades, y se ha convertido en perpetrador del abandono, al mantener a través del terror y el miedo el negocio del narcotráfico como actividad predilecta para la región, rompiendo las costumbres y formas de vida de estos territorios.

En consecuencia, las disputas territoriales en la actualidad aumentan porque en la mente criminal del paramilitarismo, y otras mafias, el pacífico es un territorio útil para el tráfico internacional de drogas y el control de la minería ilegal, oficio ancestral de la región que ha sido estigmatizado por el Estado ausente y apropiado por este actor armado para su propio beneficio.

Como ELN estamos en la obligación de combatir al paramilitarismo en la región y aportar en la solución de los problemas estructurales que suceden en este importante territorio y que las grandes empresas de comunicación ocultan o tergiversan. El desplazamiento forzado es solo una de las nefastas consecuencias de la criminal combinación del saqueo extranjero y la ausencia estatal.

El combate frontal al paramilitarismo es una deuda histórica del Estado, este sigue negando su existencia bajo el mote de bandas criminales.

Culpar a la insurgencia del Desplazamiento de la zona y ocultar la realidad de la región y los intereses que hay en ella se ha convertido en una táctica del establecimiento que mantiene desconectado al pacífico del resto del país.

Los millones de Desplazados que llegan a las ciudades del país provenientes del pacifico lo hacen bajo la imposición paramilitar en asocio con las empresas transnacionales del saqueo minero-energético en complicidad con la miseria y el abandono producido por el Estado, son estas las causas que se deben erradicar para que el Desplazamiento Forzado por fin desaparezca.

 

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