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Las Dos Caras de la Sustitución

Escrito por Lucía Serrano

Mientras los acuerdos de la Habana privilegian la sustitución manual y concertada de cultivos de uso ilícito, el gobierno colombiano empeñado en incumplir su palabra, continúa con un modelo fallido de sustitución forzada que criminaliza a los campesinos cultivadores en todo el país. 

 

Un modelo fallido de lucha contra las drogas

Desde el 2014 según cifras de la ONU los cultivos ilícitos se han duplicado llegando hasta 96.000 ha, lo que evidencia el fracaso de la lucha antidrogas. Detrás de ésta, financiada por EE.UU., se escondió una estrategia contra-insurgente de financiación y apoyo militar para cooptar territorios de influencia guerrillera bajo el pretexto de combatir los cultivos de uso ilícito.

Se privilegió la lucha contra los productores sin tener estrategias contra comercializadores y mucho menos consumidores - según la misma ONU en Estados Unidos se han duplicado las muertes por sobredosis en los dos últimos años -, lo que explica los pobres resultados. El ataque a los campesinos incluyó como técnica principal la aspersión con glifosato; por encima de las recomendaciones de la OMS en materia de salud, estuvo el negocio de EEUU Y Monsanto para la venta de este producto. Ha sido el ataque y no la concertación la que ha guiado a un Estado incapaz de brindar alternativas a las regiones que tienen al 70% de su población en la pobreza.

Diferente es la relación de la oligarquía con los comercializadores, ésta ha financiado los grupos narco-paramilitares que sostienen el negocio y durante muchos años los atacó solo aparentemente. ¿Por qué ahora pretende cambiar de modelo? Además de las cifras escandalosas para la comunidad internacional, al parecer le es más rentable la disposición de los territorios cultivados para la inversión transnacional en industria y agronegocio, una vez las organizaciones criminales se le han salido de las manos y el negocio ha bajado su rentabilidad.

 

La sustitución concertada de la Habana

El acuerdo de la Habana plantea una nueva forma de sustitución concertada con las comunidades, donde los cultivadores con apoyo de las FARC y el Estado Colombiano sustituyan los cultivos por proyectos productivos agroalimentarios, economías artesanales, industriales y de servicios. En el año 2017 se espera que se sustituyan 50.000 hectáreas.

Para la oligarquía ésta se convierte en una técnica para eliminar los cultivos en territorios de una fuerte base campesina y así acelerar su disposición para la inversión, mientras que para las FARC es la oportunidad de consolidar la creación de Zonas de Reserva Campesina con una alternativa de desarrollo rural producto de la sustitución de cultivos.

La concertación se dará según el acuerdo, a través de asambleas comunitarias quienes construirían el Plan Municipal Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo. El acuerdo aclara que la erradicación manual forzada procederá en lugares donde se rechace el proceso de concertación.

Las dudas por parte de las comunidades se centran en la capacidad productiva que los cultivos sustitutos tengan para reemplazar las ganancias de los actuales y sostener a las familias campesinas. Es por esto que exigen que el seguimiento se haga en esta vía y no se reduzca al desembolso económico, medidas que en el pasado han dejado endeudados a los campesinos con el sector privado. En todo caso, este modelo privilegiaría la participación del campesinado en la construcción de modelos de desarrollo territorial, especialmente en la consolidación de las Zonas de Reserva Campesina.

 

Erradicación manual pero a la fuerza

Mientras las FARC se encuentran cumpliendo el cronograma de concentración y desarme pese a los múltiples incumplimientos del gobierno en la adecuación de las Zonas Veredales, el gobierno nuevamente incumple, en esta oportunidad en lo referente a la sustitución de cultivos.

El Ministro de Defensa señala que se crearán cuatro centros estratégicos de erradicación en Tumaco, Catatumbo, Caucasia y San José del Guaviare con el que se espera erradicar 100.000 ha de coca en el año. Los centros contendrán policías, soldados y funcionarios quienes se encargaran de dar información sobre la sustitución, y tendrán autonomía para contratar de manera express mano de obra para la erradicación forzada.

Contradice el gobierno el acuerdo porque impone metas diferentes, le da un papel predominante a la Policía Nacional y obvia el mecanismo de concertación. Esta política ya se viene implementando, pues en este año en el corregimiento Jardines de Sucumbios en Putumayo y Sabanalarga Antioquia a manos del ejército, y  las veredas Birmania y El Recreo en el Caquetá al igual que en el departamento de Nariño a manos del ESMAD, el gobierno ha erradicado a la fuerza, sin haber intentado concertar.

La respuesta de la oligarquía a los justos reclamos de estas comunidades es la criminalización de la protesta. El Director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, ya ha señalado que los cultivadores que defienden su oficio y se agrupan, están defendiendo las mafias. Así mismo se ha utilizado el Código de Policía para penalizar la protesta, siendo varios campesinos cultivadores agredidos por el ESMAD y acusados de agresión a servidor público.

Como lo dijo el ministro Pardo “Se ofrece la alternativa voluntaria, pero la coca es ilegal y el Gobierno no ha renunciado a erradicarla. No es contradictorio. Son dos caras de la misma moneda”. La amenaza contra los campesinos y los pobres del país continúa. Si el gobierno colombiano sigue creyendo que la primera opción es la fuerza, los campesinos le demostrarán que también están dispuestos a enfrentar  la violencia estatal.

Solo la participación protagónica del pueblo en el desarrollo de sus territorios podrá frenar el empeño de la clase dominante de usar la fuerza en contra de las mayorías. La sustitución debe ser concertada, vigilada y viable, los hechos y no las promesas son la verdadera muestra de voluntad política que el pueblo desea del Estado Colombiano.

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