El pasado viernes 5 de febrero, ingresaron a Eider Luis López Ochoa -cédula de ciudadanía 1.092.355.643- al hospital de Ocaña, Norte de Santander. Al día siguiente lo operaron de una apendicitis y el martes 9 a las 4 PM, los médicos le autorizaron salir del hospital, para continuar la convalecencia con su familia.

A escasos metros del hospital lo esperaba la Policía, quien detuvo la ambulancia que lo transportaba y lo llevaron a la Estación de Policía de Ocaña. En el momento que fue detenido, el paciente solamente llevaba ropa y elementos de aseo personal.

Horas más tarde, todos los medios de comunicación, dijeron que:

“Había sido capturado un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, que se movilizaba en una ambulancia, portando material explosivo, una mira telescópica y otros elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

Siendo ésta una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario de estos policías, al colocar explosivos en una ambulancia, ¿el Gobierno de Santos va a reconocer este delito, va a hacer justicia y va a pedir perdón por esto? ¿O va a ascender al comandante de la Policía de Ocaña, por haber hecho esta patraña?

¿Será la primera vez que las Fuerzas Armadas cometen este delito? ¿Será ésta la última vez que lo van a cometer?

Esta costumbre de colocar subrepticiamente material incriminatorio, con la finalidad de judicializar a una persona, ¿lo practican sólo con los acusados de ser insurgentes o también lo hacen con el resto de los colombianos?

No hace mucho cuando la Policía nacional mató a un joven grafitero, en las calles de Bogotá, ¿no colocó un arma al lado de su cadáver, para justificar su asesinato? Y se logró saber de este crimen, pese a que entre los militares y policías opera la Ley del silencio, de “quien habla se muere”.

Estas prácticas delincuenciales, ¿harán parte de las causas, que provocan la corrupción generalizada, que padece la Policía nacional?

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