Como si se tratara de una enfermedad viral, las revelaciones del caso Odebrecht continúan salpicando personalidades de la vida política del país, sin embargo, más allá de las acusaciones de uno u otro bando que otrora fueran aliados, nos permitimos señalar algunos puntos nodales de la corrupción en Colombia y el manejo que se le está dando a este reciente escándalo.

La corrupción no es un mal foráneo que recientemente llega a nuestro país infectando algunos empresarios y políticos; todo lo contrario, este mal está enquistado en las raíces de la clase política colombiana, que históricamente ha gobernado para defender intereses particulares o de grupo, desencadenando una burocracia histórica que guía la conducta de quienes manejan los destinos políticos, económicos y sociales del país. Al punto de robarle a cada colombiano más de medio millón de pesos que sumados son 21 billones de pesos al año en manos de los corruptos.

Como consecuencia de lo anterior las instituciones públicas y privadas fueron capturadas por el clientelismo, dificultando y hasta impidiendo la gobernabilidad de quienes ven en la política una herramienta transformadora de la realidad; estos sectores democráticos y progresistas se estrellan con una institucionalidad permeada por los intereses particulares de la élite política y económica, que en su gran mayoría terminan por ser cooptados y los pocos que se mantienen firmes en los propósitos reales de la democracia son marginados, claro ejemplo de esto fue la parcialización de la anterior Procuraduría y sus selectivas destituciones preferentemente a políticos de izquierda.

El mercado y la política ha llegado a tal nivel de corrupción que el tráfico de influencias y el robo abierto se legalizó bajo la figura de las “comisiones”. Hoy toda transacción económica, contrato o legislación cuenta con presupuesto destinado a esta función, así además de legalizar se promueve la corrupción en un círculo vicioso de criminalidad, convirtiendo a familias enteras en verdaderos carteles de la mafia; este es el caso de los empresarios Santodomingo y Ardila Lule o las castas familiares de los Nule o los Char en el Caribe por mencionar algunos pues la lista de robos y escándalos a los colombianos es interminable.

Como un coadyuvante a la legalización de la corrupción, estos delincuentes cuentan con una juridicidad blanda que se presta a más y más tráfico de intereses, pues no se les exige la verdad como condición penal o jurídica, sino que ésta es negociada a cambio de prebendas o privilegios, que dejan a la justicia sin posibilidad de determinar responsables, implicados, beneficiados y sí que menos el paradero de dinero o bienes. Si la verdad es negociada con los corruptos, ¿cómo confiar en su palabra?, si hoy se desgarran las vestiduras presentándose como inocentes y a los días siguientes prenden el ventilador para buscar beneficios o para enlodar o limpiar el nombre de propios o contrarios.

Los señalamientos y ataques a las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga, evidencia una clara conducta oportunista y politiquera, no sólo de sus partidos sino del conjunto de las esferas políticas tradicionales, que lejos de ir al fondo del problema, busca posicionarse en la venidera contienda electoral. La corrupción es una marca indeleble de la oligarquía colombiana, que de cuando en vez se aprovecha de un escándalo para señalar a sus adversarios, reduciendo el debate de ideas a los insultos y revelaciones tendenciosas, ocultando que en últimas todos están untados, ese es el nivel de degradación en la política colombiana.

Como si fuera poco, a este comportamiento de la clase política y empresarial se le suma el tratamiento de los medios de comunicación o empresas de la información, que usan estos escándalos para distraer la atención, desdibujar la magnitud de los delitos cometidos por los corruptos y manejar la información a su acomodo, para favorecer a éste o aquel, de acuerdo a sus intereses, sumiendo a los colombianos en la desinformación ¿No es esto en sí mismo un acto de corrupción?

Ante este panorama degradado, el ELN llama a la sociedad a pronunciarse y exigir reglas claras para la contienda político-electoral y el debate de ideas. Al país ofrecemos la posibilidad de un Gran Diálogo Nacional, donde se discutan los intereses de diversos sectores, y sea la sociedad en su conjunto quien determine cuáles son los intereses colectivos y cambios básicos necesarios en éste y otros temas, que permita avanzar en la construcción de un nuevo gobierno de Nación, Paz y Equidad.

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