El contraste entre las Campañas políticas y la realidad que viven tanto las mayorías como los opositores o críticos al régimen, impacta hasta a los mas desprevenidos. Los atentados criminales a defensores de DDHH, activistas políticos, dirigentes populares y sociales, son el pan de cada día. Así mismo son generalizadas las amenazas por la vía de llamadas telefónicas y panfletos amenazantes a estos compatriotas, sin que la respuesta supere las promesas de siempre: uno que otro escolta o vehículo que se suma a la seguridad de los afectados.

Hoy se repite el esquema de guerra sucia de otros momentos, donde aumenta la satanización, las amenazas, las desapariciones y los asesinatos, justo cuando se avanza en “procesos de paz”; los acuerdos con las guerrillas liberales y guerrillas del llano, los acuerdos con el M19, con Las FARC en los tiempos del presidente Belisario Betancourt (Unión Patriótica) y ahora cuando otro “proceso de paz” busca abrirse camino.

Tanto en el proceso de las FARC con el gobierno, como en el que se adelanta entre el gobierno y ELN, el compromiso de sacar la violencia de la política, es una definición escrita, de lo cuál se desprende la pregunta: ¿la realidad del país muestra que el gobierno ha avanzado en su compromiso?. El gobierno está comprometido desde que asumió su mandato a cumplir con sus obligaciones constitucionales de “velar por la vida, honra y bienes de todos los colombianos” y es muy grave que sean los agentes del Estado los mas comprometidos en la espiral de violencia ilegal que azota hoy a Colombia.

En la década de los años 60s del siglo pasado, los niveles de violencia eran altos en pleno auge del Frente Nacional, el cual excluyó a los partidos que no fueran los tradicionales Liberal y Conservador, exclusión que se sumó a la ola de violencia que venía desde la destrucción del Movimiento gaitanista, y produjo una exacerbación de la violencia oficial. Es en ese contexto que surgen las guerrillas de Las FARC, el ELN y el EPL como respuesta a la violencia oficial que cerraba las vías democráticas para luchar por el poder.

Hoy, en el contexto de un nuevo proceso de paz, y desde la retórica política, las vías democráticas dan cabida a los partidos y fuerzas de oposición, pero en las calles y en los campos, sus miembros son asesinados, amenazados o judicializados bajo juicios parcializados donde a los procesados se les violan sus derechos.

Esta tozuda realidad donde además, el “proceso de paz” ha dividido y polarizado las fuerzas del régimen entre quienes defienden el proceso de paz y quienes lo condenan, extienden sobre el futuro político de Colombia, un manto de dudas, temores y amenazas.

La única manera de quitarle al país este manto, es con una participación activa de la sociedad que sea capaz de vincular a fuerza de propuesta y movilización social, al Estado colombiano en un compromiso real por eliminar la violencia. Como ELN nos la jugamos por este diálogo con la sociedad como fundadora y garante de un nuevo momento para el país. De no existir dicha condición, nos tendríamos que preguntar si estamos ante la macabra realidad de “¿la paz de los sepulcros?”.  

Al cierre de esta edición nos enteramos de la decisión del presidente Juan Manuel Santos de impugnar la decisión de pagar desde el Estado a las madres comunitarias un salario por su trabajo. Esta decisión evidencia la falta de compromiso del gobierno nacional con los humildes de Colombia. Sobre estas decisiones es que tendremos que debatir las voluntades y posibilidades de un nuevo país.

 

 

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