youtube.com/1964eln,
@eln_voces

vocesdecolombia@eln-voces.com
tu_voz@eln-voces.com

Sin Derechos y Sin Humanos

Escrito por Editorial N.560 / Revista Insurrección

A propósito del día internacional de los Derechos Humanos, conmemorado el 10 de Diciembre, el panorama de su violación en el país es desalentador. Un Estado que se compromete en sus discursos a garantizar la vida y la integridad del pensamiento crítico, ha sido incapaz de cumplir en el 2016 estas promesas a las colombianas y colombianos más afectados por el conflicto político y social. Líderes sociales asesinados, criminalización de las fuerzas populares y represión contra comunidades, son la realidad de Colombia.

Al mes de agosto de 2016, según la organización Somos Defensores, 35 líderes sociales habían sido asesinados y 279 habían sufrido algún tipo de agresión. Al mes de diciembre los asesinatos aumentaron a 70, con un repunte de 13 líderes asesinados después de la firma del acuerdo con las FARC, 279 amenazas y 28 atentados sin ninguna investigación concluida. La mayoría se caracterizaban por ser defensores de sus territorios, promotores de paz y pertenecientes a organizaciones de base.

Si esto sucede con las organizaciones sociales, la seguridad de los combatientes de las FARC en la implementación del acuerdo de dejación de armas y la posibilidad de hacer política legal, se encuentran amenazados por el paramilitarismo, al que el gobierno no tiene la intención de confrontar. La paz sobre la muerte de quiénes quieren transformar el país, demuestra la poca voluntad del régimen para sacar la violencia de la política.  

A la par del fenómeno paramilitar, el aparato estatal se ha encargado de profundizar la violación de los Derechos Humanos a las comunidades más apartadas del país. La continuidad del uso de la aspersión aérea contra los cultivos de coca, mantienen la criminalización de los campesinos colombianos, sin priorizar la sustitución y atención integral como centro de la lucha antidrogas. Los intereses imperialistas por continuar con el negocio de las drogas y del glifosato, se imponen así sobre la integridad del campesinado.

De igual forma se incrementa la represión por parte de la policía militarizada -ESMAD- a las protestas sociales, que el modelo de desarrollo genera en las comunidades, por ejemplo la erradicación improvisada de cultivos ilícitos; y los conflictos mineros y petroleros. Es de recordar el saldo de 3 asesinados, 203 heridos y más de 100 judicializados del paro agrario de junio, así como las decenas de heridos en nombre de la lucha contra la minería ilegal del paro minero de Segovia en Antioquia, mientras el gobierno prorroga los títulos mineros a las transnacionales a lo largo y ancho del país.

También el régimen profundiza el desplazamiento, uno de los mayores dramas de DDHH en el país. Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia tiene 6,9 millones de desplazados, superando a países como Siria. El despojo a campesinos, indígenas y afrodescendientes que se oponen a megaproyectos, es la característica de la política del gobierno de Santos, representando un riesgo para la preservación del territorio y la cultura de pueblos ancestrales, que ven convertidos sus territorios en áreas estratégicas mineras, mientras la Restitución de Tierras sigue siendo ineficiente ante el terror terrateniente, ganadero y paramilitar que se niega a devolver el territorio despojado.

La solución política al conflicto debe tener como prioridad la defensa de la vida y los DDHH del pueblo colombiano, especialmente de quienes se han visto excluidos de la toma de decisiones sobre el rumbo del país. El asesinato, criminalización y despojo como práctica de guerra contra el pueblo es contraria a una solución política transformadora. Esperamos que el régimen colombiano esté dispuesto a asumir su responsabilidad en las violaciones de DDHH y a garantizar la vida y la integridad de las colombianas y colombianos, como muestra de voluntad política para la construcción de una nueva nación.

 

Categoría: