Mientras un brazo de la extrema derecha conspira en el Congreso, en las altas Cortes y desde las grandes empresas de comunicación, en contra de los acuerdos de solución política al conflicto firmados con las FARC; el otro brazo de la ultraderecha militarista incrementa la persecución, contra líderes de la protesta social y de la izquierda legal. Con esta tenaza reaccionaria persiguen ahogar los esfuerzos de paz, que realizan millones de colombianas y colombianos.

El movimiento de izquierda Marcha Patriótica completa 5 años de creado, durante los cuales ha sufrido el asesinato de cerca de 130 militantes, y 70 de ellos han sido sacrificados en el presente año. Incremento que demuestra el exterminio sistemático con propósito político, pese a lo cual el Fiscal general, sigue afirmando que son “casos individuales”, que “no presentan un patrón común”, los que además supuestamente “no tienen conexión entre sí”, a lo largo y ancho del país.

Pareciera que aspiran a completar otros 5 mil asesinatos, como el genocidio perpetrado contra la martirizada Unión Patriótica, para afirmar -como hoy siguen sosteniendo 30 años después de consumado-, que “no existió un plan nacional sistemático” contra esta agrupación de izquierda, ni contra otros movimientos contemporáneos, como el Frente Popular y A Luchar.

La estrategia sigue siendo la misma: asesinar y esconder su responsabilidad, diciendo que son “fuerzas oscuras”; así, invisibilizan la decisión contrainsurgente de eliminar al contradictor de izquierda y al activismo social; la que hoy ejecutan con fuerzas estatales que hacen operaciones encubiertas y grupos paraestatales que aplican el llamado a la “resistencia civil”, contra los actuales acuerdos de solución política.

La persecución política en contra de líderes alternativos y de izquierda incluye los asesinatos, también las amenazas y atentados, realizados de forma encubierta; complementados con la persecución abierta que realiza la Fiscalía, cuando encarcela dirigentes sociales y de izquierda, presentándolos como “auxiliadores de la subversión“, acusándolos del delito de rebelión. Por medio de estos Falsos Positivos Judiciales, hoy se encuentran encarcelados miles de activistas, que suman una cantidad mayor que la de los propios guerrilleros presos, que hoy apenas suman unos 2 mil. Todos ellos constituyen presos políticos, que el gobierno niega su existencia; así como niega que hay un genocidio político en curso contra las fuerzas alternativas y de izquierda.

“El Alto Comisionado observa que defensores de Derechos Humanos son encarcelados por años y luego puestos en libertad por falta de pruebas”, denuncia el Informe de Derechos Humanos 2015 de la ONU.

El régimen incrementa la persecución política, mientras el gobierno firma unos acuerdos de solución política con las FARC y promete “sacar la violencia de la lucha por el poder”, como dice el punto 5 de la Agenda de negociación firmada con el Ejército de Liberación Nacional; entonces, la sociedad colombiana que espera la paz, ¿a quién debe creerle: a las palabras de paz del gobierno o a los hechos de guerra del régimen?

Dentro de la misma coalición de gobierno conviven los que impulsan los acuerdos de paz, con los que atizan la persecución política, ¿acaso el Fiscal general no pertenece al partido político del Vicepresidente de Colombia en ejercicio?

Las responsabilidades por sacar adelante o por oponerse a la actual búsqueda de una solución política, se las reclama la sociedad colombiana, a cada una de las fuerzas integrantes de la elite dominante, estén articuladas o no a la presente coalición de gobierno. Y no podrán esconder su responsabilidad, así actúen bajo la modalidad de operaciones encubiertas, porque la verdad, más temprano que tarde terminará por conocerse.

En la movilización de la mayoría de los colombianos y colombianas, que están por buscar una solución política del conflicto y por desarrollar una paz justa y con verdad, está el rumbo del país, en esta encrucijada histórica que vivimos.

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